la presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios; de la Construcción, Enrique Madureri, y de Bienes Raíces, Roberto Orta, denunciaron este martes 14 de marzo retrasos en la realización de los trámites en los registros y notarias del país por parte de ciudadanos extranjeros, así como el cobro de honorarios excesivos por la realización de compra procedimientos. y vender bienes raíces.
“La situación que están atravesando los venezolanos con el tema de registros, notarias y, en definitiva, con el registro obligatorio de los extranjeros que quieren hacer algún trámite ante estas entidades es ciertamente una calamidad, no solo por lo engorroso, sino desde el punto de vista económico. , social y también de la vulneración de los derechos humanos”, indican los representantes del sector empresarial.
Además de la difícil situación que se venía enfrentando en los registros y notarios, en agosto de 2022, el Servicio Autónomo de Registradores y Notarios, Saren, implementó el Registro de Extranjeros, en el cual el ciudadano extranjero debe llenar un formulario a través de la web del Saren y la organización, del mismo modo, le permite firmar cualquier tipo de documento ante cualquier registro o notario.
El grupo empresarial, durante una rueda de prensa, coincidió en que el funcionamiento del registro y los servicios de notarios violan los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas, a las que los tratados internacionales sobre la materia extienden su uso y goce. La esencia universal, progresiva, interdependiente, imprescriptible y la obligación de preservarlas quedan marginadas por el ejercicio de los registros y notarios.
Leonardo Luis Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, argumentó que el sistema registral y notarial es un servicio público destinado a garantizar la seguridad jurídica y, por tanto, está condicionado por los principios de legalidad que exigen que toda actuación sea sujeto al sistema legal y no a la discrecionalidad abierta de los funcionarios. “Se debe respetar y garantizar los derechos de los usuarios”, dijo Palacios.
“El cobro excesivo, confiscatorio y discrecional de los derechos registrales para la protocolización de diversos documentos, indispensables para la certeza de las operaciones de los empresarios, el uso y goce de los derechos fundamentales y la buena realización de la intermediación financiera”, agregó. . “Esta circunstancia, que unida a la
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, afirmó que se incorporó a la Ley de Registros y Notarías la tabla en la que se indexan los impuestos con el petro. “Es muy complicado, ya que hay más de 200 fracciones arancelarias y por cada concepto le agregan un costo adicional en el cálculo del salario, en el que se aplica la discrecionalidad del funcionario”. Citó el ejemplo de una cuota para una Junta de Accionistas de una empresa, en la que se aplica un porcentaje adicional por cada uno de los puntos que se tratan: aprobación de los Estados Financieros, presupuestos, porcentaje para el aumento de capital, para la ratificación del estado financiero. Directorio, por comisario, por número de folios, entre otras cosas.
Tiziana Polesel, en su calidad de presidenta de Consecomercio, dijo que quienes habían hablado antes que ella estaban de luto y eran testigos directos. “Además de la adversidad de los mercados inmobiliario y de la construcción, con estas medidas, en contra del interés general, se ven afectados sus negocios”.
“Si tenemos que esperar tres o cuatro meses para obtener su firma, ya sea por el registro de extranjeros o por los montos colocados arbitrariamente por funcionarios del gobierno, dada la ausencia de créditos bancarios y el limitado poder adquisitivo que existe hoy en día, los usuarios convertirse en víctimas”, enfatizó.
Polesel solicitó la revisión de la política de cómputo y el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de los Registros y del Notariado, para que los usuarios paguen como máximo el 2 por ciento del precio de compra del inmueble.
En cuanto al Registro de Extranjeros, solicitó que se considere su eliminación, porque “se afecta la universalidad cuando se somete a los extranjeros a un trato discriminatorio referido a la exigencia de extensa documentación, demoras indebidas e injustificadas, que vulnera los principios de celeridad, no discriminación y transparencia exigidas por el artículo 131 de la Constitución de la República”.
