Transparencia Venezuela cuestionó que el presidente del TSJ no precisó qué tipos de tribunales se pusieron en funcionamiento ni dónde, ni dio detalles sobre los fondos públicos que administró el tribunal en 2023.
Transparencia Venezuela Advirtió que la opacidad y el proselitismo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuarán. En cuanto al final del inicio del año judicial el próximo 31 de enero, la ONG pone la lupa en las cifras presentadas y los discursos de los magistrados.
La organización sostiene que la Ley Orgánica de Justicia establece que “el 7 de enero de cada año, o lo antes posible, se realizará la inauguración solemne de la actividad judicial en la capital de la república”.
Uno de los aspectos en los que se enfoca Transparencia es aumentar la productividad del TSJ en 2023, según su nueva presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez.
“El magistrado, quien también es presidente de la Sala Electoral, dijo que durante el último año las distintas salas del TSJ recibieron 3.800 casos, pero emitieron 5.971 sentencias; Es decir, resolvieron un 57,1% más de casos que los que les presentaron los ciudadanos”, afirmó la ONG.
Transparencia Venezuela señaló, en su sección “Injusticia Suprema” del 5 de febrero, que el balance judicial se explica sólo si “el TSJ ha calculado el auto de admisión, aquellos en los que se solicitan pruebas o medidas cautelares responden como decisiones. Esto, independientemente de si realmente estas resoluciones resuelven o no el fondo de un asunto, así pudo saber la Suprema Injusticia de fuentes del órgano rector de la Justicia venezolana.
Por otro lado, la organización señaló que es posible que el TSJ respondiera a los casos que se presentaron en años anteriores: “Desde 2022, la Sala Político-Administrativa, por ejemplo, ha tomado medidas para responder los cuestionamientos que han sido décadas, cajones, entre los que destaca la creación de una Sala Especial para estudiar estas peticiones que llevan años sin resolverse.
Si bien el presidente del TSJ indicó que el año pasado los tribunales dictaron 453.988 decisiones y celebraron 219.887 audiencias, lo que se traduce en un aumento del 41,44%, “no precisó cuántos casos recibieron ni discriminó cuántas decisiones han adoptado los jueces penales”, civiles y comerciales, los de protección de la niñez y adolescencia, del trabajo y otros.
La ONG también dijo que el presidente del máximo tribunal del país sostuvo que se realizaron 345.074 inspecciones judiciales, atendieron 2.449 denuncias, iniciaron 1.003 procedimientos y emitieron 181 actas conclusivas, dijo, aunque existían 25 juzgados y 11 salas de telemática y audiencias, así como enfermerías para funcionarios judiciales.
“Sin embargo, El juez no precisó qué tipos de tribunales se crearon ni dónde, tampoco dio detalles sobre los fondos públicos que administró el TSJ en 2023”, enfatizaron.
Proselitismo en el TSJ
Transparencia cuestionó los recientes discursos de los jueces. En este sentido, la ONG sostuvo que el presidente del TSJ “aprovechó para hacer proselitismo”.
De esta manera, se refirieron a las declaraciones de la jueza Caryslia Beatriz Rodríguez: “Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede ser: el amor a la humanidad. Amor que se materializa en la defensa feroz de la igualdad de derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y la oposición a toda forma de discriminación, opresión y cualquier forma de violencia o desestabilización que amenace la soberanía nacional”.
De igual forma, Luis Damiani Bustillos, magistrado de la Sala Constitucional, “no se quedó atrás y aseguró que “con la aprobación de la Constitución y (la llegada) de la proyecto político bolivariano “El proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén está cerrado, sujeto a la voluntad de grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos”.
La ONG también destacó que Damiani Bustillos denunció “que Venezuela y Nicolás Maduro han sido víctimas de la llamada lawfare (guerra jurídica). De esta manera, según el magistrado, “se utiliza la ley y el ordenamiento jurídico nacional e internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares favorables a los Estados Unidos”.
A través de la Corte Suprema también se llamó la atención sobre la falta de información sobre la situación de la jueza Bárbara Gabriela César Siero.
“Desde finales de enero comenzaron a circular versiones que dicen que el miembro de la Cámara Político-Administrativa ha pedido licencia, renuncia o baja. ¿La razón? La presunta participación de sus hermanos, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, en una de las conspiraciones denunciadas por el Gobierno e investigadas por el Fiscal Tarek William Saab”, dijo Transparencia Venezuela.
La ONG agregó: “El hecho de que en el acto de inauguración del año judicial 2024, Nicolás Maduro no saludara a ningún magistrado y que las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el único medio de televisión que transmite esos Actos oficiales, en cuanto se centra en los magistrados, tampoco ha ayudado a despejar las dudas.
*Lea también: transparencia: la Fiscalía de Venezuela guarda silencio ante casos de corrupción internacional
.
:
289