El 28 de febrero se realizó una reunión entre las autoridades y empresas operadoras de servicios de delivery como Yummy, Pedidos Ya y Chamos Exprés, luego de la cual se acordó derogar una norma emitida por Ipostel y colaborar para la creación de un nuevo marco regulatorio.
Una semana después de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Instituto Postal Telégrafo (Ipostel), publicaran una norma que buscaba regular el servicio de envío, la derogación de la medida se publica en el Boletín Oficial.
En la Gaceta Oficial N° 42.827, de fecha martes 27 de febrero, aparece el Reglamento Administrativo N° CJ/002/2024, en el que se ordena “eliminar sin efectos” la Decisión Administrativa N° CJ/012/2023, referida a la regulación de las actividades de los servicios de entrega a domicilio.
De esta manera, se oficializa el anuncio realizado por la administración de Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, apenas 48 horas después de publicada la norma.
El revés que ha sufrido la disposición parece haber estado vinculado a la ola de críticas que ha desatado la medida, ya que creaba nuevos impuestos sin mucha claridad jurídica, por lo que los vacíos de la norma podrían traducirse en impuestos elevados que impidan actividades o aumenten significativamente precios. .
A raíz de estas críticas, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo una reunión con empresas operadoras de servicios de delivery, entre las que destacan Ridery, Yummy, Pedidos Ya y Chamos Exprés. Tras esta reunión, el Gobierno se comprometió a derogar la norma y a elaborar un plan de acción para desarrollar una nueva regulación teniendo en cuenta las opiniones de los privados.
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Entre los aspectos más llamativos de la normativa destaca la obligación de solicitar una Subvención de Autorización Postal ante Ipostel, un trámite administrativo con un costo de 5 petros ($300), que además debe renovarse cada año por un costo de 4 petros. (240$).
Asimismo, el artículo 26 creó un impuesto a los usuarios repartidores equivalente al 1% del precio del servicio, aunque el documento no deja del todo claro si este cobro se aplicará sobre el pago completo (producto y envío) o solo. al coste de envío a domicilio, en cuyo caso tendría que figurar en una factura separada a la del producto adquirido.
Por otro lado, se estableció una multa de hasta 50 petros ($3.000) para los infractores de esta norma, lo que se hizo con énfasis en quienes operaron sin permiso de Ipostel.
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