Diomer Gómez, de 17 años, tuvo una audiencia preliminar el viernes 27 de septiembre pasadas las 21.30 horas. A los cuatro adolescentes detenidos en Yaracuy se les ofreció admitir los hechos para otorgarles un beneficio procesal, informó la ONG Una Ventana à la Liberty.
Cinco de los 68 adolescentes que permanecieron detenidos a raíz de las protestas postelectorales fueron juzgados durante el fin de semana por tribunales con competencia en materia de terrorismo, según denuncia de familiares y de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Uno de ellos es Diomer Gómez, de 17 años, quien se encuentra detenido en la Unidad Asistencial de la Ciudad de Caracas, ubicada en El Cementerio. Otras cuatro personas se encuentran privadas de libertad en el centro de coordinación de la policía de la urbanización Juan José de Maya en San Felipe, estado Yaracuy.
En el caso de Gómez, sus familiares se enteraron de la audiencia preliminar, que se llevó a cabo pasadas las 21.30 horas, luego de que el abogado defensor pudo comunicarse con ellos, por lo que no estuvo acompañado de representante y como marca la ley.
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Ahora, dijo una de sus hermanas, tienen que esperar para saber cuándo comenzará el proceso. Diomer Gómez fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, instigación al odio y robo agravado. “El expediente dice claramente que no hay pruebas, pero a través de la jurisprudencia la Fiscalía dice que tienen que ir a juicio para que busquen las pruebas. ¿Está bien más de 50 días detenido y la Fiscalía aún tiene?” ¿No hay pruebas?”
La ONG Una Ventana à la Libertad informó que otros cuatro adolescentes acusados de participar en las protestas postelectorales en San Felipe fueron enviados a juicio el jueves 28. Este grupo fue detenido el 30 de julio en Boraure, municipio de La Trinidad, por haber participado en una la víspera en una manifestación en el sector Las Tapias, en la capital de Yaracuy.
“En la audiencia del jueves pasado, la Fiscalía ofreció admitir los hechos y así otorgar un beneficio procesal, pero los jóvenes se negaron”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que un grupo de adolescentes detenidos en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, fueron presionados para que admitieran delitos que no cometieron. También recordó que cualquier declaración obtenida bajo coacción no tiene validez jurídica.
“Es importante recordar que estos jóvenes no tuvieron acceso a abogados de confianza que los representaran en los procedimientos judiciales que claramente violaban el proceso.»dijo la organización.
Según el Foro Penal Venezolano, al menos 68 adolescentes han sido detenidos en varios estados del país desde el 29 de julio tras participar en protestas contra las elecciones presidenciales, donde el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro.
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