Clima 21 advirtió que si continúan las prácticas de minería fluvial en el sur de Venezuela, muchos de los ríos de esa región se verán tan gravemente afectados que sus aguas no serán aptas para el consumo humano y perderán la capacidad de sustentar la vida.
El número de ríos de la Amazonía venezolana que han sido afectados por prácticas de minería ilegal de oro ha aumentado a 33. Desde 2017 se han registrado al menos 16 quebradas afectadas en el territorio de la Amazonía, pero en sólo seis años, entre 2017 y 2023 , la cifra ha aumentado un 106% debido a la rápida extensión de las actividades mineras, realizadas sin controles ni estudios de impacto ambiental en 2017, al sur del país.
en el informe “Ríos entre la destrucción y el olvido: efectos del extractivismo minero en los ríos del sur de Venezuela”, Publicado este lunes 5 de febrero, la ONG Clima 21 indicó que todas las principales cuencas de Amazonas y Bolívar están amenazadas por sedimentación y contaminación por mercurio, derivada de la extracción de oro aluvial.
Uno de los impactos más perjudiciales para la salud ambiental de estos cuerpos de agua debido a la minería de oro es la pérdida de cobertura forestal en sus cuencas, señaló la organización.
Según el estudio, en el 48% de los ríos existe “la presencia de embarcaciones (balsas y dragas) que realizan actividades mineras (…) Una parte importante de la información recopilada sobre la presencia de estas embarcaciones en” los ríos en la Amazonia venezolana proviene de fuentes oficiales que revisan los operativos de control y erradicación, sin embargo, la escasa y a veces ambigua información proporcionada en estos informes imposibilita conocer la efectividad o idoneidad de estos operativos.
Clima 21 advirtió que de continuar las tendencias observadas, muchos de los ríos del Amazonas se verán tan gravemente afectados que sus aguas no podrán ser utilizadas para el consumo humano y perderán la capacidad de sustentar vida. Algunos de ellos también podrían generar desastres naturales como inundaciones.
“Es muy posible que el régimen hídrico regional se vea afectado y, como consecuencia, se ponga en peligro la integridad y funcionamiento de los ríos (…) Se perderán las culturas de los pueblos indígenas que habitan en todas estas cuencas, así como el potencial de desarrollo sostenible y cuidado de la tierra asociado a estos cuerpos de agua”, se lee en el documento.
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Hasta el momento no hay información de que el gobierno esté tomando medidas efectivas para proteger las riquezas del río del territorio sur del país.
Algunos de los obstáculos existentes para abordar este problema son la limitada información disponible sobre las condiciones ambientales de la zona; la ausencia de políticas ambientales con criterios técnicos adecuados para los “complejos desafíos de la gestión ambiental en el actual contexto de emergencia humanitaria compleja”; y la pérdida de la capacidad del Estado para gestionar áreas protegidas.
“El Estado venezolano está obligado a establecer e implementar políticas de gestión ambiental encaminadas a la protección y conservación de los ríos.
de la Amazonía venezolana como elementos fundamentales de la protección de los derechos humanos, no sólo de la población asentada en sus cuencas, sino de todo el país”, señala el informe.
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