Estados Unidos dijo que la detención de Rocío San Miguel, al igual que la de sus familiares, sigue una tendencia de “arrestos aparentemente arbitrarios de actores democráticos por parte de Nicolás Maduro”. La propia misión de investigación de la ONU ha documentado estas prácticas.
Actores de la comunidad internacional han condenado la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y han pedido su liberación inmediata.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió sus medidas cautelares en 2012 por los insultos y amenazas contra ella y su hijo por su trabajo en Control Ciudadano, fue una de las primeras organizaciones en resolver el caso.
En su cuenta oficial X, la entidad instó “al Estado a rendir un informe sobre su paradero y velar por el respeto a sus garantías judiciales y la presunción de inocencia”.
Amnistía Internacional también afirmó lo siguiente: “Exigimos el respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y su familia, su acceso a abogados, el respeto a su derecho a la defensa y la protección contra malos tratos y torturas”.
Por su parte, Estados Unidos hizo una declaración Considerado por factores de la sociedad civil como “tibio”, pues si bien expresó que es preocupante la actuación de los agentes de inteligencia contra San Miguel, dijo que su detención, como la de sus familiares, sigue una tendencia “de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos »
“Nos sumamos a la comunidad internacional para organizar la liberación de todos los presos políticos, el fin de la detención de sus familiares inocentes y el retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados”, continuó la embajada de Estados Unidos en Venezuela. .
Además del Gobierno de Joe Biden, el del uruguayo Luis Lacalle Pou también ha hecho referencia, al menos, al caso de Rocío San Miguel, que dirige la ONG Control Ciudadano y es experta en temas militares y de seguridad nacional.
Incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo atacó por decir, en el mismo comunicado, que en Venezuela “hay una dictadura”.
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La detención de este activista, ocurrida el pasado 9 de febrero, se produce en medio de una reducción del espacio cívico y una escalada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo acusan de tener vínculos con el caso “Pulsera Blanca”, una de las cinco conspiraciones que actualmente investiga el régimen de Nicolás Maduro.
Desde enero, el Ministerio Público ha girado órdenes de aprehensión contra periodistas y defensores de derechos humanos por presunta participación en supuestas conspiraciones, de las cuales, por cierto, no han presentado pruebas.
Y ni hablar de que en la Asamblea Nacional de mayoría chavista se discute un proyecto de ley que restringe el funcionamiento de las ONG.
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