La detención de Rocío San Miguel es parte de las políticas del gobierno venezolano de persecución y criminalización del trabajo de los activistas sociales y cierre del espacio cívico en Venezuela. La ONU instó al régimen de Nicolás Maduro a abstenerse de utilizar medidas represivas contra sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Investigación para Venezuela se pronunciaron sobre el caso de la directora de la ONG Controlo Ciudadano, Rocío San Miguel, y expresaron su preocupación por la detención arbitraria de la activista. Ministerio Público de traición, concierto para delinquir, terrorismo y asociación para delinquir, por su presunta participación en la trama llamado “bblanco racelet.
“Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como una desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y al respeto de su derecho a la defensa jurídica”, escribió el organismo de la ONU en su cuenta oficial X (ex Twitter) a primeras horas de febrero. 13.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas, que investiga casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, dijo que esta acción de agentes de inteligencia del Estado “no son incidentes aislados, sino una serie de hechos que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a aquellos percibidos como opositores.
Solicitó al gobierno venezolano información sobre la ubicación no solo de Rocío San Miguel y su hija Miranda Díaz San Miguel, sino de todos los familiares de los activistas que se encuentran detenidos y cuyos lugares de detención aún se desconocen. “Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contra sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional”, continuó Valiñas.
El lunes (12 de febrero), el fiscal Tarek William Saab, designado por la extinta Asamblea Constituyente, dijo que San Miguel y su ex asociado Alenjandro Gonzales de Canales Plaza, oficial de la Fuerza Aérea venezolana, fueron presentados. ante el Juzgado Segundo de Control contra el Terrorismo, sin sus abogados, lo que ya viola el derecho a la defensa jurídica destacado por la Oficina del Alto Comisionado Volker Türk.
La detención de Rocío San Miguel es parte de las políticas del gobierno venezolano de persecución y criminalización del trabajo de los activistas sociales y cierre del espacio cívico en Venezuela. Ambas políticas, como han considerado muchos defensores de derechos humanos, se basan en la consideración del papel de los activistas como “enemigos internos” y presuntos ejecutores de “supuestas conspiraciones e intentos de asesinato”.
La Misión Independiente de Investigación para Venezuela, encargada por mandato de la ONU, ha corroborado en investigaciones anteriores que existen patrones de violaciones y delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. “Estos crímenes fueron coordinados y cometidos de acuerdo con políticas estatales, con el conocimiento o el apoyo directo de comandantes y altos funcionarios gubernamentales”, afirmó la misión de Naciones Unidas en 2020.
La relación de la administración de Nicolás Maduro con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus procedimientos especiales ha sido más que tensa en los últimos años. Esto se muestra en la falta de interés en responder solicitudes de información o justificar situaciones que han sido catalogadas como violaciones a los derechos humanos.
Además de la poca colaboración del gobierno venezolano con el propio Consejo y mandatos como el de la Misión para Determinar los Hechos de Venezuela, la responsabilidad con los Grupos de Trabajo, en este caso correspondiente a detenciones arbitrarias, ha sido casi inexistente.
Desde al menos 2018, la administración de Nicolás Maduro no ha respondido a los 23 dictámenes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que abarca al menos a 119 venezolanos con o sin filiación política clara, y que sus detenciones han sido regularizadas de forma arbitraria.
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