La OFAC autorizó a las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International a realizar operaciones que “sean para la seguridad o preservación de activos en Venezuela” o la cancelación de las mismas que involucren a PDVSA.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes 10 de mayo la Licencia General 8N para Venezuela, que autoriza a cuatro empresas de servicios a mantener las operaciones necesarias o liquidadas con la estatal Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa).
El Departamento de Estado, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), precisó que las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International están autorizadas a realizar operaciones que “sean para la seguridad o preservación de activos en Venezuela”. o su cancelación.
Esto incluye “transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela, la participación en reuniones de accionistas y directorios, la realización de pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas, siempre que dicha actividad haya sido autorizada en la hora en que ocurrió, es decir para abril de 2020.
También se permite con esta Licencia General, que vence el 15 de noviembre de 2024, el pago de impuestos locales y la compra de servicios públicos en Venezuela, así como el pago de salarios a empleados y contratistas en el país.
Halliburton ya había informado su decisión de salir de Venezuela en abril de 2020, en un informe entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. En diciembre de ese año informaron a sus empleados sobre el cierre de todas sus operaciones.
Estados Unidos también recordó que quedan fuera de este acuerdo las transacciones relacionadas con la exploración y explotación con PDVSA, la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, en Venezuela; cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidios del estado; y también acuerdos con cualquier persona bloqueada por licencias generales previas.
La administración de Joe Biden ya había otorgado una licencia a la petrolera francesa Maurel & Prom (M&P) para continuar operando en Venezuela, pese a las sanciones impuestas por Washington. Esta fue la primera licencia específica aprobada por la OFAC para producir en el país, luego de la no renovación de la anterior GL44 que flexibilizó las sanciones.
Washington decidió a principios de año volver a imponer sanciones al país porque consideraba que el gobierno no respetaba las reglas democráticas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato.
Estados Unidos impuso un embargo petrolero al país en 2019, después de no reconocer la elección de Maduro un año antes. La medida formó parte de una batería de sanciones que provocaron fuertes tensiones entre Caracas y Washington y contribuyeron a agravar la crisis económica. Desde entonces, la Casa Blanca ha hecho excepciones, concediendo algunas licencias de explotación, como la concedida al gigante estadounidense Chevron.
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