El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el sábado antes de entregar su mandato el domingo. El DNU dispone que el Estado argentino proporcionará custodia personal y familiar para Fernández después de salir de la oficina. El decreto, publicado en el Boletín Oficial el día antes de la toma de posesión de su sucesor, establece que Fernández tendrá derecho a disponer de agentes de seguridad, vehículos blindados, escolta, conductores y recibirá una compensación económica por los gastos de representación.
La medida ha sido criticada por la oposición y por algunos sectores del oficialismo, argumentando que la generación de riesgo por las amenazas que recibió durante su gestión. El decreto modifica la ley 25.164, que regula el régimen de protección de ex presidentes y vicepresidentes de la nación. Además, amplía la protección mundial ya que antes solo cubría territorio argentino.
El DNU de Fernández ha generado controversia en el ámbito político y social, ya que muchos consideran que es una medida arbitraria, innecesaria y costosa para el erario público. Algunos líderes de la oposición han anunciado que presentarán recursos judiciales para impugnar el decreto, mientras otros cuestionan la legitimidad de Fernández para dictar un DNU en sus últimos días de mandato. Por su parte, algunos referentes del “En frente de todos”, la coalición que llevó a Fernández al poder, expresaron su desacuerdo con el decreto y solicitaron una revisión de su alcance y duración.