Las organizaciones no gubernamentales piden el fin inmediato de las detenciones arbitrarias y la represión contra manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de los derechos humanos, así como la liberación de los detenidos.
A través de un comunicado conjunto, las ONG Civicus y Alianza Regional instaron a las autoridades a dejar de arrestar a quienes ejercen sus derechos y a garantizar que todos los detenidos en el contexto postelectoral tengan derecho a un juicio justo; lo que implica acceso a sus familiares, defensa privada e información sobre la situación jurídica, física, psicológica y emocional de los detenidos.
“Es fundamental que los familiares conozcan los procedimientos que se llevan a cabo para la designación de una representación legal confiable, y para que se les dé acceso efectivo y completo a los expedientes judiciales”, insiste el comunicado y agrega que también es imperativo conocer el ubicación de los detenidos, conocer los centros de detención y notificar oportunamente los traslados. “Esto es vital para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos”, subrayan las organizaciones.
Asimismo, añaden que debe ser accesible la información sobre la calidad y regularidad de las comidas, el estado de las celdas y la disponibilidad de camas, colchones y almohadas adecuadas, así como la higiene personal y el acceso a los establecimientos de salud.
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Otras preguntas que La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y Civicus hacen que el Estado venezolano acceda a tratamientos médicos de manera transparente, con médicos de confianza, especialmente para quienes tienen problemas de salud o mentales preexistentes. “También es crucial disponer de procesos claros, conocidos y eficaces para prevenir, denunciar y sancionar la tortura y los malos tratos, así como llevar un registro de los casos denunciados bajo custodia estatal”, recuerdan.
Estas organizaciones instan a las autoridades a poner a disposición de las familias y la defensa de la confianza información sobre el número de personas privadas de libertad por grupo de edad, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad y cualquier otra condición relevante. que les pueda afectar. la garantía de derechos para permitir responsabilidad sobre el número exacto de detenidos, sus características diferenciadas “para visibilizar las posibles lagunas o discriminaciones que puedan empeorar su situación”.
“Las redes de organizaciones exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la represión contra manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de los derechos humanos. También instan a la consolidación de garantías efectivas para el espacio cívico, que incluye el acceso a la información. mientras un derecho en sí mismo y como medio para consolidar otras garantías, como el derecho a un juicio justo y un debido proceso”, añade el comunicado.
Según las autoridades venezolanas, tras las protestas electorales hubo más de dos mil detenidos aunque las organizaciones que defienden a los presos políticos pudieron confirmar cerca de 1900, siendo la cifra de presos más alta hasta el siglo XXI.
La Alianza Regional de ONG por la Libre Expresión e Información es una red creada en 2006, compuesta por 17 organizaciones no gubernamentales líderes de 15 países de las Américas, que comparten la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la calidad de democracia y un entorno que permita el disfrute de otros derechos.
Civicus es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fue creado en 1993 y cuenta con más de 17.000 miembros en unos 175 países.
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