VE/ Carlos A. Batatín
Una cosa es leer las noticias sobre las víctimas del conflicto armado colombiano y otra escuchar a estas personas contar lo cerca que están de la muerte. Escuchar en detalle su experiencia, cómo se quedaron sin nada cuando les quemaron sus casas y que les dieron unas horas para abandonar el territorio neogranadino, no es fácil de asimilar.
Las declaraciones que presentamos a continuación fueron recogidas en el marco de una reunión entre víctimas del conflicto armado colombiano, residentes en Venezuela y los representantes de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En opinión de sus participantes, se dio un primer paso para ser reconocidos como víctimas e incluidos en el proceso de reparación.
Según la versión y relatos expresados durante ese encuentro, las autoridades de la Nueva Granada están en deuda con las víctimas “porque antes de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia, no había nadie ni institución que representara o atendiera a nuestros conciudadanos. estamos solos y que no nos han tendido la mano como víctimas del conflicto”.
Dos millones de pesos por cabeza
San Antonio de Prado es uno de los cinco (5) municipios del municipio de Medellín y está ubicado en el extremo suroeste de la ciudad de Medellín. Allí vivió Patricia Álvarez, dedicada a la labor social y a promover el cooperativismo entre vecinos.
Ella, junto a otras personas, estableció hace dos décadas algunos convenios con la alcaldía local, con el Instituto Nacional de la Tierra, con el Servicio Nacional de Aprendizaje, entre otros, “con el objetivo de formar y educar a jóvenes y mujeres del ‘corrección’ .
Gracias a este proceso, la alcaldía de Medellín comienza a otorgar ciertos contratos para la limpieza y mantenimiento de cuencas hidrográficas y cursos de agua. “De la noche a la mañana empezaron a decir, por ejemplo, que pagaban dos millones de pesos por cabeza”.
Las persecuciones comenzaron, “vimos desde la madrugada que los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a quemar las bibliotecas y amenazar a todo aquel que tuviera alguna relación o inclinación con la gente de izquierda”.
“Recuerdo que en esa época ya era común que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia destrozaran o ingresaran a las casas donde supuestamente viven personas con ideología socialista”, dijo Álvarez.
Pasó 19 años en Venezuela y describe la población de San Antonio de Prado como una zona rural, cuyos habitantes se dedican casi exclusivamente a la agricultura. “Es precisamente aquí donde el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, establece su centro de operaciones”.
Narra que a partir de entonces comenzó la desmovilización de todos los factores representativos de la izquierda. “Comenzaron a luchar contra la guerrilla para tomar los territorios donde actuaban y quedarse con esas áreas para luego delinquir y narcotraficar”.
También dice por VERevista que para llevar a cabo sus atrocidades los paramilitares utilizaron la religión y sus representantes. “Muchos sacerdotes se prestaban a intimidar a la gente. Cuando sospechaban o tenían una vaga idea de que alguien era comunista o progresista en medio de la misa, les decían con toda tranquilidad que los echarían con los pies delante.
En esos años, quienes cometían violencia contra la población comentaban que “también se dedicaban a buscar grandes extensiones de terreno para utilizarlos como cementerios clandestinos o fosas comunes”. “Había mucha o demasiada impunidad”.
Aunque precisa que para ella no se trata de una anécdota, señala “cuando los paramilitares observaron a una mujer con un vestido arriba de la rodilla, la golpearon. Lo mismo sucedió cuando sospecharon que le era infiel a su marido”. Usaron las paredes para dejar sus amenazas de muerte con nombres y apellidos.”
Otro mal recuerdo que tiene está relacionado con la juventud desempleada de San Antonio de Prado. “Ante la falta de trabajo por la situación económica, engañaron a los muchachos ofreciéndoles un trabajo bien remunerado. Alguien que cayó en la trampa se fue con ellos y a los tres meses lo mataron por no pagar”.
Sostiene que el abuso y la crueldad de los paramilitares no tienen límites. “Llegaron a mi casa como a las 22:00 horas. Yo no estaba en ese momento y me dejaron un mensaje con mi esposo. Ese mensaje nunca lo olvidaré: Dile a tu esposa que no es horario para que ella esté afuera. “Ella no puede seguir haciendo negocios y tiene hasta mañana para irse de aquí”.
Álvarez indica que, como su caso, cientos de familias que viven en zonas rurales han pasado por la misma angustia y terror. “No hay familia colombiana que pueda decir que no ha sido víctima del conflicto armado y del paramilitarismo”.
Si paro, me matarán.
Aminta Veleño Gómez reside en territorio venezolano desde hace más de 30 años y se identifica como víctima del conflicto armado colombiano. Es miembro de los movimientos sociales del Pacto Histórico de Venezuela.
Era un líder estudiantil. “Yo estudiaba derecho en la ciudad de Cúcuta y formaba parte de la juventud comunista de la organización política Unión Patriótica. Por mi condición fui amenazado de muerte en varias ocasiones”.
“El Estado colombiano, a través de grupos paramilitares, ejercía un seguimiento constante en mi contra. Sufría acoso constante y diversos procesos judiciales. Recuerdo que eran grupos de civiles que me seguían y amenazaban”, dice. VERevista
Recuerda con mucha tristeza que en esa época fueron asesinados muchos compañeros, “de hecho casi toda la militancia de la Unión Patriótica fue asesinada. Los que quedamos con vida nos obligaron a salir de Colombia”.
Dijo que la situación era cada vez más desfavorable para permanecer en su país. “Todo este proceso de amenazas de muerte prácticamente me obligó a huir de Cúcuta. Crucé la frontera con Venezuela y vivo allí desde hace más de 30 años”.
“Como mi historia, son muchas. En cada familia colombiana, al menos uno de sus miembros ha sufrido en carne propia alguna de las diversas consecuencias del conflicto armado. El Estado está en deuda con más de 9 millones de personas que de una forma u otra se han convertido en víctimas del paramilitarismo y la violencia”, afirmó.
Mi madre, propósito militar.
Elaide Luz Alaya tiene 42 años. Es hija de padres dedicados al trabajo social y ante las reiteradas amenazas de muerte contra ella y su familia, “recorrimos casi toda Colombia para evitar que nos mataran”.
indicar para VERevista que durante su estancia en territorio neogranadino, “desde que tengo uso de razón, recuerdo que teníamos el riesgo de perder la vida”. “Llegué a Venezuela hace 30 años huyendo del conflicto armado en Colombia mediante desplazamiento forzado”.
Aunque han pasado tres (3) décadas, aún mantiene vivo en su memoria todo el miedo y sufrimiento provocado tanto por las autoridades del propio Estado colombiano como por el paramilitarismo. “No puedo olvidar el momento en que quemaron nuestra casa. Aún así huimos”.
Narra por ejemplo “cuando estábamos en Santa Marta, en la Sierra Nevada, mi madre era la presidenta de la asociación campesina. Allí hubo una masacre y fue designado como objetivo militar. Han mantenido a nuestro hermano por más de diez años y a otras personas progresistas que pensaban en una Colombia diferente y justa”.
Sostiene que sigue amando a Colombia porque es la tierra donde nació. Sin embargo, reconoce que hay muchas circunstancias que aún están presentes y en el fondo de su alma una de ellas “es que todos nosotros, los desplazados, hemos sido olvidados por el Estado colombiano”. Venezuela nos recibió con los brazos abiertos, pero A quienes estamos fuera de nuestro territorio nos invade la nostalgia y la ausencia de nuestra familia.”
todavía estaba atormentado
Víctor Hugo Romero Miranda es un adulto mayor y tiene muchas profesiones y una de ellas es trabajador social. “Fui perseguido por las autoridades colombianas por todo lo que dije en la universidad tanto como cuando era estudiante y luego como profesor”.
Actualmente tiene 76 años y destaca que, en ese momento, las fuerzas de Seguridad del Estado lo mantenían bajo vigilancia, “me tenían fichado y me perseguían para matarme”.
Según su relato, tuvo mucha suerte porque muy cerca de la casa vivía un vecino que era policía y le avisó que querían matarlo. “En ese momento yo vivía en Bogotá y como él era vecino y me conocía desde niño y conocía a toda mi familia, me advirtió que llevaban tres (3) meses buscándome para matarme. “Sal de Colombia, me aconsejó”.
me quede sin familia
Cuando Iglenys Castiban llegó a Venezuela con sus dos hijos, “la niña tenía dos años y medio, mientras que el niño tenía cuatro meses. El día que decidí huir de Colombia, tuve que esperar a que cayera la noche. Sólo puedo llevarme el pasaporte y las partidas de nacimiento de mis hijos fuera de casa.
Dijo que su desplazamiento fue forzado y que es víctima del conflicto armado “para no participar en un secuestro ni apoyar a determinado grupo. Nos dieron 24 horas para salir de la casa y dejar todo”.
Luego de secarse las lágrimas y con la voz entrecortada, explica que tras su fuga lo perdió todo. “Perdí a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, poco a poco perdí a mis padres. Nunca supe de ellos”.
Dice que, aunque su vida y la de sus hijos ya no corren riesgo, “la situación en Venezuela no ha sido fácil para mí. Estoy sin documentos, mi hija ya es mayor de edad, tiene 18 años y carece de documentación que lo identifica como menor de edad. Por todo lo que pasé en Colombia, decidí no regresar aunque tuviera que hacerlo para solucionar la situación de mis hijos”.
Fue tal el grado de violencia que sufrió Iglenys Castiban que asistió cuando uno de los grupos que amenazaban con matarla le arrojó una granada a uno de sus familiares. “Cómo regresar a Colombia después de vivir esa experiencia en primera persona”.
Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado 9.720.863 víctimas desde 1996, señala la organización en su sitio web. De ese total, 4 millones 98 mil 808 tienen entre 29 y 60 años; mientras que 2 millones 176 mil 942 tienen entre 18 y 28 años.