La Resolución N° 01, que autoriza el allanamiento de la residencia del Presidente del Perú, establece que el objetivo del allanamiento sería “la incautación del reloj Rolex y los documentos que guardan relación con los delitos investigados”.
Un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú allanaron la residencia de la presidenta Dina Boluarte la noche del viernes 29 de marzo, en un operativo que forma parte de una investigación que adelanta la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito.
Videos difundidos en medios peruanos muestran cómo las autoridades tocaron varias veces la puerta y, al no recibir respuesta, rompieron la cerradura para forzar el ingreso.
Según la prensa peruana, Boluarte no se encontraba en su domicilio, ubicado en el distrito de Surquillo, en Lima. Las autoridades encontraron sólo a uno de los hijos del rey.
Aunque no se han dado a conocer los resultados del allanamiento, se sabe que el operativo fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, tras una solicitud presentada por el fiscal general, Juan Carlos Villena.
La acusación acusa a Boluarte de enriquecerse ilícitamente, bajo la premisa de que omitió consignar declaraciones sobre sus pertenencias en documentos entregados a la justicia peruana.
Los medios denominaron a la investigación “Caso Rolex”, porque las sospechas surgieron por la ostentosa vestimenta que lucía el presidente, en particular un reloj Rolex que se estima en unos 15.000 soles, equivalentes a unos 4.000 dólares.
La Resolución N° 01 que autoriza el allanamiento establece que el objeto del allanamiento sería “la incautación de relojes Rolex y documentos que tengan relación con los delitos investigados”, según el documento publicado por La republica.
El accionar de la Fiscalía generó respuestas del gabinete de Boluarte. Su primer ministro, Gustavo Adrianzén, consideró que el allanamiento contemplaba un “ataque a la dignidad” del presidente.
“Lo ocurrido constituye un atentado intolerable a la dignidad de la presidencia de la república y de la nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales”, dijo a la radio peruana RPP.
Según el jefe de Gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia del edificio de Gobierno al momento de los allanamientos y “prestará declaraciones ante la Fiscalía cuando sea citado”.
Si es acusado formalmente, el presidente sólo podrá ser procesado cuando finalice su mandato en julio de 2026, según la Constitución.
El escándalo, sin embargo, podría derivar en un pedido de destitución de Boluarte del Congreso, bajo la acusación de “incapacidad moral”.
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