Un total de quince denuncias presentadas ante la Oficina de Control Municipal derivaron en la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la noche del martes 1 de octubre.
La concejal Jessy Gascón, líder de la facción Gran Polo Patriótico en el Concejo Municipal de Maracaibo, denunció las denuncias de irregularidades presentadas en la gestión del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez y del presidente del Concejo Municipal de la ciudad, José Bermúdez.
El asesor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) precisó que de las 15 denuncias presentadas ante la Contraloría Municipal, algunas ya se encuentran en proceso de auditoría e investigación. “Entre estas irregularidades destacan las dificultades administrativas presentadas para los cierres fiscales, periodo 2022-2023, de institutos y oficinas paramunicipales del Municipio de Maracaibo”.
Gascón denunció “el inadecuado manejo de recursos, como la malversación de fondos invertidos en el Medio Maratón Maracaibo 2024, que fue encabezado por el jefe de alcaldía Rafael Ramírez, asegurando que, a pesar de que este evento tuvo importantes consecuencias financieras aportes y no contaba con recursos económicos de alrededor de 35 patrocinadores, grandes gastos fueron cargados a la administración del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imdeprec), existiendo así un importante desvío de recursos municipales.
Una a una, Gascón señaló las supuestas irregularidades encontradas en la investigación del edificio: “Tenemos los convenios o convenios celebrados entre la Alcaldía de Maracaibo y la ONU (ONU) para la recuperación del Complejo Deportivo Patria Joven y las empresas Chevron y Repsol para la apertura del Centro de Diagnóstico de Maracaibo pues ninguno de los convenios, contratos o convenios celebrados ha sido aprobado por el Concejo Municipal.
El alcalde también dijo que “los supuestos camiones recolectores de residuos sólidos, adquiridos en abril de este año, no son propiedad del municipio sino de una empresa brasileña, están en una negociación desconocida, no tienen el permiso nacional para operar legalmente y algunos sólo cuentan con permiso de circulación turística hasta por 90 días en el territorio nacional”, acusó.
Destacó que “una de las denuncias más importantes se centra en la manipulación del Sistema Patria y el aumento ilegal de salarios desde inicios de 2023, otorgando pagos irregulares, según el partido político, a los directivos, los concejales opositores (PJ, UNT, VP y AD), violación de las escalas salariales y del principio de Omissis (igual cargo, igual responsabilidad, igual función, igual salario)”, dijo Gascón.
El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, había solicitado el jueves 26 de septiembre la liberación de Pedro Guanipa, jefe de su despacho quien, según el alcalde de Maracaibo, “fue detenido sin haber cometido ningún delito al momento de ir a estampar su oficina pasaporte para salir del país, con destino a Bogotá.”
Cinco días después, Ramírez fue detenido en las instalaciones de la conocida como La Villa Varmen en la avenida Bella Vista de Maracaibo por funcionarios del Sebin, junto a una exfuncionaria de la alcaldía, Margarita Assenza; el director de la ciudad, David Barroso, y dos guardaespaldas.
¿Quién queda ahora?
El mecanismo para sustituir al alcalde está en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que establece que “las ausencias temporales son reemplazadas por el funcionario de alto nivel que él (el alcalde) designe”. Si la ausencia es por un período superior a 15 días continuos, deberá solicitar autorización al consejo municipal. Si la ausencia dura más de 90 días consecutivos, el Consejo declarará si debe considerarse ausencia absoluta.
Ahora bien, el segundo párrafo de este artículo dice que “cuando la ausencia del Alcalde se deba a detención judicial, la sustitución será ejercida por el funcionario designado por el Concejo Municipal, en el alto nivel de la dirección ejecutiva”.
Durante este año se registró la detención de siete alcaldes en todo el país. El primer detenido fue Yhonny Lizcano (Ayacucho, estado Táchira) el 20 de junio por presunta corrupción. Fue presentado ante el Juzgado 7° de Control de esa entidad por los presuntos delitos de “apropiación o desvío de bienes públicos, demora u omisión intencional de deberes”. Se realiza en la DAET San Cristóbal.
De este grupo fueron registrados dos libertos: José Mosquera Adame (Lagunillas, estado Zulia), quien pertenece al partido Un Nuevo Tiempo y fue detenido durante seis días por la Dirección General de Contratación Militar en Caracas; y José Leocadio Carrillo (Urdaneta, estado Trujillo), quien es militante de Voluntad Popular y fue liberado al día siguiente de su detención.
