La CIDH aseguró que el Estado venezolano “no justificó un uso legítimo, necesario y proporcionado de fuerza letal” el 11 de abril de 2002, y es responsable de los asesinatos de manifestantes, quienes no intentaron armarse ni agredir a las autoridades. El Foro Penal, uno de los impulsores del caso, señaló la importancia de esta decisión para las víctimas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso “Andrés Trujillo y otros” sobre la “represión ilegal” de las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, que provocaron la muerte de siete. personas y al menos otras cinco resultaron heridas.
El caso 12.582 fue presentado el 9 de julio de 2024 por la CIDH por las violaciones del Estado venezolano a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, reunión y protección judicial, todos enmarcados en la Convención Americana.
La CIDH aseguró que el Estado venezolano “no justifica un uso legítimo, necesario y proporcionado de la fuerza letal”, y es responsable de los asesinatos de manifestantes, de quienes no se ha demostrado que estén armados ni agredan a las autoridades.
“Después de más de 20 años, el caso no ha sido esclarecido ni nadie ha sido condenado, lo que demuestra una situación de impunidad y falta de investigación adecuada. Además, señaló que no se ha demostrado que las víctimas impidieran la investigación, y que la afectación a la integridad personal de las víctimas podría ser un elemento para agilizar la investigación”, destacó la Comisión.
El Foro Penal, uno de los impulsores del caso, destacó la importancia de esta decisión para las víctimas. “Luego de 22 años, llegó a la Corte Interamericana el caso del 11 de abril de 2002. Estos fueron nuestros principios como defensores de derechos humanos. Un trabajo de constancia y compromiso. Éxito importante de las víctimas que no se dan por vencidas”, afirmó Alfredo Romero, presidente de la organización.
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Mientras que el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que llevan más de 20 años trabajando en el caso y también lo destacó como un éxito para las víctimas. “La carrera para defender los derechos humanos es una carrera de resistencia, no de velocidad.”
La carrera para defender los derechos humanos es de resistencia, no de velocidad. Después de luchar y trabajar durante más de 20 años, llegó a la @CorteIDH el caso de #11A 2002. Importante logro de las víctimas que no se dan por vencidas. https://t.co/AM0rvChBtw
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) 27 de septiembre de 2024
El 11 de abril de 2002, Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron a una manifestación contra los despidos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La protesta, que se dirigió al Palacio de Miraflores, fue atacada con gases lacrimógenos, tiros y piedras por miembros de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas.
También se informó de la participación de los llamados “Círculos Bolivarianos” para “contraer” la marcha. La CIDH determinó que cerca de la estación del metro “El Silencio” la acción de los efectivos provocó la muerte de Jhony Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.
En la zona “La Pedrera” también se registró la acción de los “Círculos Bolivarianos”, provocando la muerte de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, además de heridos José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías . Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
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