Tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó suspender el lunes 30 de octubre “todos los efectos” de las elecciones primarias que se llevaron a cabo en el país y fuera del país el pasado domingo 22 de octubre, los derechos humanos organización. Amnistía Internacional afirmó que “la política de represión que busca silenciar la disidencia y ejercer el control social en Venezuela sigue plenamente vigente”, lo que representa un “peligro constante y evidente” para el espacio cívico del país.
Piquer destacó que las acciones tomadas por el Ministerio Público, “alineadas con declaraciones de las autoridades estatales”, hacen saltar la alarma sobre posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas”, y agregó que el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a manera de estigmatización. , acoso y criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas del Gobierno.
“Esta política de represión no es nueva y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en defensa de los derechos humanos en Venezuela”, afirmó el director de Amnistía Internacional para las Américas.
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El 12 de septiembre, Amnistía Internacional presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertaba que “organizaciones de derechos humanos en Venezuela han advertido que los picos represivos de los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica han estado directamente asociados con pre -elecciones y períodos electorales, especialmente mediante el uso del mecanismo de inhabilitación política para impedir que quienes son percibidos por las autoridades como opositores políticos se postulen para cargos de elección popular.
En este informe, Amnistía Internacional instó al Estado venezolano a eliminar todos los obstáculos legales y de facto para garantizar la participación política efectiva de todas las personas sin discriminación, incluso por opinión política. Asimismo, solicitó que se abstengan de utilizar inhabilitaciones administrativas de manera discriminatoria contra candidatos a cargos de elección popular.
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Otro pedido es que “el cese del uso de mecanismos de persecución y/o criminalización contra personas percibidas como opositores políticos cuyo propósito es participar en los asuntos públicos del país”, por lo que la organización destaca que se cumplen las declaraciones y medidas anunciadas desde octubre. 22 contraviene abiertamente todas estas recomendaciones.
“Nadie debe olvidar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional e Independiente de Investigación de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo Piquer.
Agregó que los mecanismos de descubrimiento y justicia internacional “son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el período electoral que recién comienza”.
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