La medida de emergencia en Perú tendrá una duración de 60 días y afecta en particular a Trujillo, tercera ciudad del país y eje industrial del norte peruano, así como a la provincia de Pataz, donde se han arraigado las mafias ilegales del oro.
El 12 de febrero, Perú declaró el estado de emergencia en dos provincias de la región de La Libertad, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la policía ante el ascenso de bandas internacionales dedicadas a la extorsión y la minería ilegal.
La medida tendrá una duración de 60 días y afecta en particular a Trujillo, tercera ciudad y centro industrial del país en el norte de Perú, así como a la provincia de Pataz, donde se han arraigado las mafias ilegales del oro.
“El Estado peruano no dudará en confrontar y neutralizar”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa de Perú, general retirado Jorge Chávez.
El Gobierno justificó la decisión alegando que existe una “creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal”, según el primer ministro Alberto Otárola.
En Trujillo y Pataz se ordenó suspender el servicio en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4:00 horas “hasta que se controle definitivamente la ola delictiva”.
Extorsiones y ataques en Perú
Las autoridades peruanas han denunciado que bandas organizadas se dedican al sicariato, extorsión y actos de terror contra policías, se informó. RFI.
Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú a raíz de la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de pandillas como el Tren de Aragua de origen venezolano.
En Trujillo en lo que va del año se registra casi un muerto por día, según cifras oficiales.
En Pataz, por su parte, existen unas 20 bandas mineras ilegales de oro, las cuales han sido denunciadas por la explosión de siete torres eléctricas de alto voltaje, ataques con dinamita a empresas mineras formales y cuerpos policiales.
“Pataz es la peor expresión en cuanto a lo que se pueda pensar de la inseguridad ciudadana: extorsión, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, insumos químicos”, subrayó Otárola.
El aumento de la inseguridad llevó al Gobierno de Dina Boluarte en Perú a crear el pasado noviembre una fuerza de élite para luchar contra la extorsión, un delito que se ha disparado en el último año con la presencia de bandas internacionales que intimidan a pequeños comerciantes y negocios.
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