El Decreto 194 establece que cualquier persona extranjera que ingrese a Panamá “violando los controles migratorios terrestres, aéreos o marítimos” será multado con una suma que oscila entre 1.000 y 5.000 dólares, según la gravedad de la misma.
El Gobierno de Panamá ha establecido multas de entre 1.000 y 5.000 dólares “por cada persona extranjera” que ingrese irregularmente al país por la frontera con Colombia, una sanción que se adaptará a las condiciones de “vulnerabilidad” de los migrantes.
Las multas están contempladas en el decreto ejecutivo 194, aprobado y publicado el viernes 25 de octubre en el Boletín del Estado, debido a la forma “alarmante” en que se registra el ingreso de ciudadanos extranjeros al país a través del flujo migratorio irregular que cruza “por vías informales”. pasos” la selva del Darién, frontera natural con Colombia.
Esta situación, dice la norma, constituye una “clara violación de los puntos de control migratorio oficialmente autorizados y, en consecuencia, la configuración de una violación administrativa migratoria”.
El Decreto 194 establece que cualquier persona extranjera que ingrese al país “violando los controles migratorios terrestres, aéreos o marítimos” será multado con una cantidad que oscila entre 1.000 y 5.000 dólares, dependiendo de la gravedad cometida”, porque no podrá salir del país sin anulando primero esta sanción pecuniaria.
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Si no puede hacerlo porque no tiene los recursos económicos, “se procederá con su deportación” de acuerdo con las leyes de inmigración.
La norma también contempla que la sanción debe ajustarse, teniendo en cuenta las “condiciones de vulnerabilidad” en las que se encuentran los migrantes que forman parte del flujo irregular y que ingresan a Panamá por la selva del Darién por pasos informales.
Se les impondrá una multa de $300 por primera vez, $600 por la segunda, $900 por la tercera y mil dólares por cada una de las siguientes ocasiones, “por cada persona extranjera que ingrese por esta vía por la frontera colombo-panameña”. según el decreto.
Asimismo, indica que esta multa deberá ser pagada por el ciudadano extranjero irregular “antes de salir del territorio nacional hacia Costa Rica”.
El decreto recuerda que, a través de la Operación Flujo Controlado, el Estado panameño “garantiza el tránsito de migrantes irregulares de frontera a frontera, brinda servicios básicos y ayuda humanitaria, en una articulación interinstitucional que reconoce sus derechos humanos y los protege de su vulnerabilidad” contra las redes criminales.
Hasta el pasado 13 de octubre, 274.444 viajeros irregulares arribaron a Panamá por la selva, un 36,5% menos que los 432.211 registrados en el mismo periodo de 2023, rumbo a América del Norte en busca de mejores condiciones de vida, según estadísticas panameñas.
Un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para repatriar a migrantes irregulares que cruzan el Tapón del Darién ha reducido el tránsito por esa selva de ciudadanos ecuatorianos en un 92% y de colombianos en un 65%, dijo la Embajada de Estados Unidos en el país el 22 de octubre.
El acuerdo, firmado el 1 de julio, contempla la repatriación por vía aérea y con base en la ley panameña de migrantes irregulares que llegaron a Panamá tras cruzar la selva fronteriza con Colombia, financiando Estados Unidos los vuelos.
Casi 800 migrantes fueron deportados en veinte vuelos financiados por Estados Unidos, el primero de ellos el 20 de agosto de 2024.
Los colombianos y ecuatorianos se encuentran entre las principales nacionalidades de los migrantes irregulares que cruzan la selva hacia América del Norte.
Desde hace muchos años, la gran mayoría son venezolanos, aunque el plan de deportación no se les puede aplicar dada la suspensión, desde finales de julio, de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.
Con información de EFE
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