
93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron este jueves una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades venezolanas para que rechacen el proyecto de control del accionar y financiamiento de las ONG, aprobado recientemente por el Parlamento.
Dada la influencia que tiene su gobierno sobre las autoridades venezolanas, agradecemos cualquier acción de su parte para agilizar el actual proceso de aprobación del proyecto, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en la misma dirección. , decía el documento.
Piden a Petro que impulse, de conformidad con la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre constitución, funcionamiento, funcionamiento y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.
“Su gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos que quieren dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Estos mismos principios son los que queremos para nuestro país y que motivan la trabajo diario de organizaciones, iniciativas y activistas”, agrega la carta.
Las asociaciones advirtieron que de aprobarse este proyecto de ley se corre el riesgo de que se suspenda el derecho a la libre asociación y reunión en Venezuela, que “principalmente afectadas serán las personas que reciben asistencia y apoyo gratuito en la defensa de sus derechos vulnerados”. . , así como ayuda humanitaria en todo el país.
También señaló que «la ilegalización de la organización» puede llevar a la salida «forzada» del país de sus integrantes, así como de los beneficiarios. “Ambas situaciones aumentarán significativamente las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida. Asimismo, debilitará de forma irreversible la democracia”. , sostienen.
El borrador inicial que controla a las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares para los grupos que no se hayan registrado en el ente de control que pretenden crear y que no declaren la identidad y origen de las donaciones.
Agencias