Estados Unidos respalda los reclamos de una parte de la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, sobre los resultados de las elecciones. “La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, reiteró el subsecretario Brian A. Nichols.
El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols, aseguró que la administración Biden “exige rendición de cuentas a quienes facilitan el fraude electoral y la represión” en Venezuela, tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales que ellos. condujo a protestas a nivel nacional y cuestionamientos por parte de la comunidad internacional.
A través de una publicación en la red social país.
Estados Unidos respalda los reclamos de una parte de la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, sobre los resultados de las elecciones. Con las actas de votación en mano, aseguraron que el premio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que da como ganador a Maduro no corresponde al voto expresado el pasado 28 de julio.
Además de Machado y González, otros excandidatos como Enrique Márquez piden que el CNE muestre los resultados cuadro por cuadro. Observadores internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, dijeron que la organización no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad y, por lo tanto, también tienen dudas sobre el anuncio favoreciendo a Maduro.
“La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, reiteró el subsecretario Nichols.
Las protestas contra los resultados del 28 de julio desataron una intensa represión por parte de la administración de Maduro. Según las autoridades, hay más de 2.300 personas detenidas y 25 muertos. Organizaciones independientes como el Foro Penal han verificado la detención de 1.504 personas en todo el país, entre ellas más de 120 adolescentes y 200 mujeres.
Esta ola de detenciones, además de la persecución contra líderes políticos o personas que se identifican con la oposición, ha sido calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prácticas de “terrorismo de Estado”.
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