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El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) falleció este miércoles a los 86 años, tras un deterioro de su salud en los últimos días asociado al cáncer que padecía.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de salir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron que nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto padre”, se lee en el mensaje que publicó su hija Keiko en las redes sociales.
El expresidente, que estaba en prisión cuando fue condenado por crímenes de lesa humanidad y luego salió de prisión en diciembre de 2023, murió rodeado de su familia.
Poco antes, fuentes cercanas a la familia afirmaron que su estado de salud iba empeorando y, por tanto, se esperaba “lo peor”. El hombre tenía cáncer de lengua.
Hasta su muerte, el expresidente estuvo rodeado de polémicas. Siempre negó los delitos que se le imputaban, aunque, en la mayoría de los casos, quedaron probados.
Figura controvertida
Nacido en Lima en 1938, en el seno de una familia de clase media compuesta por una pareja de inmigrantes japoneses, Fujimori logró convertirse en. una de las figuras políticas más importantes y poderosas en la historia del país.
Y uno de los más polarizantes, pues hoy todavía hay un sector de la población que lo defiende y apoya su década de gestión, a pesar de los múltiples casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante ese tiempo.
El argumento que suele esgrimir a su favor es que “estableció el orden” y puso fin a la violencia política que sufrió el Perú en los años 1980 con la guerrilla Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como protagonistas. Pero, en cambio, Fujimori lideró un régimen que difundido gracias a un golpe de estado y en el que las autoridades imponen sus propias tácticas terroristas.
Nada de esto se podía anticipar en el joven que se graduó como ingeniero agrónomo en los años 50 y que luego se convirtió en profesor de la Universidad Nacional Agraria, luego rector y, en 1987, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Parecía que la vida académica sería su destino.
Pero sólo faltaban tres años para las elecciones que, contra todo pronóstico, lo convertirían en presidente.
De las elecciones al autogolpe
En 1990, Fujimori se postuló por primera vez para la presidencia de Perú. Era un candidato marginal y desconocido. La carrera estaba entre el escritor Mario Vargas Llosa, que era el favorito en contra, y Luis Alva, el estandarte del partido de gobierno que tenía todas las de perder, ante el descrédito del entonces presidente Alan García.
Pero el rector de la universidad surgió como el candidato sorpresa. En la primera vuelta, Vargas Llosa obtuvo el 32,5% de los votos y Fujimori, el 29%. Por primera vez en la historia del Perú, el 10 de junio se iba a realizar una excursión.
Fujimori arrasó con el 62%. No tenía experiencia en gobierno, ni política, ni programa, ni equipo. Había ganado con la promesa de luchar contra el neoliberalismo, aunque rápidamente se convirtió en uno de sus representantes más leales. Ofreció luchar contra la pobreza y la corrupción y acabar con los privilegios, pero hizo todo lo contrario.
Añadió autoritarismo a las mentiras de su campaña. El 5 de abril de 1992, apenas dos años después de tomar la banda presidencial, Fujimori protagonizó un golpe de Estado al disolver el Congreso, con el uso de las Fuerzas Armadas, e intervino la Magistrale. Dejó de ser presidente para actuar como un dictador con plenos poderes.
Aunque en 1993 se emitió una nueva Constitución, la democracia peruana resultó mortalmente herida.
Además, desde el inicio de su mandato, Fujimori contó con la ayuda de Vladimiro Montesinossu jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, una de las figuras políticas más oscuras de América Latina y quien operaba la red de corrupción y persecución de todo tipo de opositores. Hoy cumple una condena de 25 años de prisión, desde entonces nunca ha dejado de ofrecer sobornos.
En 1992, el Gobierno tuvo dos etapas que activaron una popularidad a favor de Fujimori que pervive hoy: capturó a Víctor Polay Campos y Abimael Guzmán, dirigentes del MRTA y de Sendero Luminoso.
Gracias en parte a estos arrestos, el presidente fue reelegido en 1995 con el 64% de los votos. Es decir, más de lo que había recibido apenas cinco años antes.
poder perpetuo
En la cima de su poder, Fujimori impulsó una ley de amnistía que beneficiaba a todos los representantes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos.
Aún contaba con el apoyo de la mayoría de la población, reforzado en diciembre de 1996 con la crisis que desencadenó la toma de más de 800 rehenes que el MRTA secuestró en la embajada japonesa en Lima y que, gracias a la intervención del Vaticano, fue lanzado en las siguientes semanas.
Cuatro meses después, con la atención internacional centrada en Perú, una operación militar, retransmitida en directo por televisión, rescató a las decenas de rehenes que permanecían en la sede diplomática. Fue el último fracaso de la guerrilla.
La crisis económica y los frecuentes casos de corrupción ya han afectado al Gobierno. En medio de la desgracia, Fujimori comenzó a maniobrar para extender su permanencia en la silla presidencial. Con el pretexto de que la nueva Constitución había sido aprobada en 1993, declaró que la Constitución de 1995 era su “primera” elección. El de 1990 no contó, así que presente la solicitud nuevamente en el año 2000.
Y así lo hizo. A pesar de las masivas protestas, compitió y fue declarado ganador frente al economista Alejandro Toledo. Las elecciones fueron sospechosas de fraude. Tanto es así que incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) y muchos países europeos desconocían los resultados y denunciaron la arbitrariedad de Fujimori, quien ignoró todas las denuncias y volvió a asumir la Presidencia.
Fue entonces cuando explotaron los “vladivivideos”, como se llamó la filtración del video que mostraba que Vladimiro Montesinos grababa a políticos, empresarios y todo tipo de personas cuando les daban sobornos. Para poder chantajearlos más tarde. Cleptocracia en su máxima expresión. El escándalo le costó el puesto al todopoderoso concejal, que acabó huyendo del país.
El fin de la impunidad
A finales de 2000, Fujimori realizó una gira internacional por Asia que finalizará en Panamá para participar en la X Cumbre Iberoamericana. Pero nunca llegó.
Sabiendo que el asedio en su contra estaba cerrado, el agrónomo aprovechó que tenía la nacionalidad japonesa y huyó a Tokio. Desde aquí, dimitió por fax de la Presidencia que había ocupado durante 10 años. Las formas eran tan anormales que el Congreso se negó a dimitir y lo destituyó. Desde entonces, el Gobierno que lidera Alejandro Toledo ha solicitado la extradición de Fujimori, pero Japón siempre se ha negado.
En noviembre de 2005, evadiendo las órdenes de captura internacionales en su contra, Fujimori llegó en un vuelo privado a Chile, donde fue detenido, aunque la Justicia chilena tardó casi dos años en extraditarlo.
El 22 de septiembre de 2007, Fujimori fue llevado a Perú para comenzar a pagar por sus crímenes.
Por las masacres de Barrio Altos y La Cantuta, crímenes de lesa humanidad ocurridos en 1991 y 1992 y que causaron 25 muertes, fue condenado a 25 años de prisión. En otros casos, también fue declarado culpable de usurpación de funciones, lesiones graves, abuso de autoridad, secuestro agravado, peculado fraudulento, apropiación de fondos, falsedad ideológica en perjuicio del Estado, cohecho, escuchas telefónicas y escuchas telefónicas, y adquisición ilícita. de comunicación, entre otros. La lista de crímenes parecía interminable.
Parecía que no podía escapar del castigo pero, en la Navidad de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se aprovechó de él con un “perdón humanitario” solicitado por los abogados defensores con el pretexto de su avanzada edad y estado de salud. En medio de condenas de una parte de la sociedad peruana y celebraciones de otra, y con críticas de organismos internacionales de derechos humanos, Fujimori regresó a su casa. No duró mucho. Casi un año después, la Corte Suprema de Justicia estableció que debe regresar a prisión.
Fujimori pasó casi cuatro meses internado en una clínica hasta que fue llevado a prisión. La controversia continuó desde entonces debido a la condiciones privilegiadas de prisión del expresidente, quien era el único preso en un espacio de 800 metros que incluía un dormitorio, una sala de estar, un taller de pintura, una biblioteca, una enfermería y acceso a un jardín en el que cultivaba flores, entre otras comodidades que hacían es único. detención de este tipo en un país que sufre de hacinamiento carcelario.
Maniobras y más pruebas
Durante las campañas presidenciales de 2021, su hija, Keiko Fujimori, reconoció que si gana, uno de sus primeros pasos sería perdonar a su padre. Luego de un largo conflicto postelectoral, no le quedó más remedio que reconocer su derrota frente a Pedro Castillo, por lo que el debate sobre la detención del expresidente pasó a segundo plano en la agenda pública.
El 17 de marzo de 2022, sin embargo, la Corte Constitucional se sorprendió al declarar un “hábeas corpus” presentado por Gregorio Parco Alarcón, abogado que aún no era defensor de Fujimori, y quien solicitó la cancelación del indulto. El expresidente podría quedar en libertad.
Varias encuestas mostraron que el país estaba dividido en dos, ya que entre el 43% y el 52% estaban a favor de liberar al expresidente. Los márgenes de error de cada encuesta implicaron un vínculo técnico entre ambas posiciones, que también se reflejó en las redes sociales.
Poco antes se había iniciado el proceso en el caso de miles de mujeres que fueron sometidas esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000.
Fujimori fue acusado de implementar una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que sólo buscaba esterilizar a mujeres de bajos ingresos para que su gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza.
La resolución de la Corte Constitucional que permitió la libertad de Fujimori quedó paralizada gracias a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que advirtió que, antes de tomar la medida, el Estado peruano debía devolver el trabajo que había investigó, juzgó y sancionó los delitos por los que Fujimori fue condenado.
En agosto de 2022, sus abogados presentaron sin éxito un nuevo recurso para insistir en su liberación.
A principios de febrero de 2023, nuevamente, la Justicia peruana rechazado un recurso presentado por la defensa del expresidente, que quería anular la pena de 25 años de prisión; Por lo que se determinó que continuará cumpliendo su pena de prisión.
Sin embargo, en diciembre de 2023 fue puesto en libertad por orden del Tribunal Constitucional, considerando su avanzada edad y precario estado de salud.
