La Misión Determinación respondió a las acusaciones realizadas por el embajador venezolano, Alexander Yánez, quien la acusó de “piratería maliciosa”. El abogado Francisco Cox comparó su intervención con “un bosque de palabras en un desierto de ideas”. La experta Patricia Tapattá señaló que “una democracia robusta al servicio de los más débiles, como dijo, no encarcela a niños y adolescentes”.
La misión de investigación en Venezuela defendió su quinto y último informe denunciando la grave situación que vive el país y la ocurrencia del crimen de lesa humanidad de persecución, debido a la intensificación de la maquinaria represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“Debemos continuar en esta línea (de investigar la cadena de mando) porque la rendición de cuentas y la identificación de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad son esenciales”, dijo el abogado Francisco Cox Vial, en representación de la Misión, durante su intervención en la 57ª Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la presentación del informe, encabezada por su presidenta Martha Valiñas, la Misión afirmó que todo forma parte de un “plan diseñado de antemano y ejecutado bajo diferentes modalidades de represión para silenciar y aplastar a la oposición”, lo que significa que las víctimas y las razas . la población en general “se encuentra impotente” mientras la independencia de los poderes está cada vez más disminuida.
En base a esto, para la Misión “el riesgo de desintegración del Estado de derecho es muy alto” en Venezuela.
El abogado Cox respondió a las acusaciones del embajador venezolano, Alexander Yánez, quien lo acusó de “piratería maliciosa”. Comparó su intervención con “un bosque de palabras en un desierto de ideas”.
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Indicó que la Misión tiene el trabajo definido de identificar la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos y la cadena de mando responsable, aunque dijo que siempre estarán dispuestos a brindar información a la Corte Penal Internacional cuando lo necesiten.
“Que cada organización cumpla su función, el organismo internacional encargado responsabilidad (responsabilidad) y la rendición de cuentas es la Corte Penal Internacional”, afirmó.
Al ser consultado sobre cómo se puede otorgar protección a las personas en Venezuela, respondió que “antes hubiésemos dicho que debíamos brindar protección diplomática”. La experiencia vivida por Argentina y la rápida intervención de Brasil, luego cancelada por Venezuela, hacen que esto sea una ilusión. “.
También indicó la necesidad de solicitar el acceso a las cárceles por parte de organismos independientes para poder verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos en esos lugares.
Respecto a la ley contra las ONG, dijo que ésta es “otro mecanismo para reprimir e impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y además priva a este Consejo de información vital”.
Por su parte, Patricia Tapattá, otra de las expertas que integran la Misión, recordó que no hablan de hechos políticos, pero hacen un trabajo de identificación y denuncia de violaciones de derechos humanos. “Agradecemos que la República Bolivariana reoriente sus políticas en esta dirección (la democracia), como recomendamos en nuestros informes”.
Dijo que están dispuestos a cooperar en esta tarea, pero puntualizó que “una democracia robusta al servicio de los más débiles, como se ha dicho, no encarcela a niños y adolescentes, no los retiene ni por 50 días”. sin asistencia jurídica y sin la presencia de sus familiares muchas violaciones de derechos políticos”.
Insistió en que una democracia investigue adecuadamente las violaciones de derechos humanos y castigue a sus perpetradores.
“Una democracia sólida no celebra audiencias nocturnas sin previo aviso en lugares secretos para no ser controladas. Una democracia sólida permite el acceso a abogados designados por las víctimas y acceso a expedientes que brindan respaldo legal a las detenciones. Finalmente, una democracia sólida no persigue ciudadanos por su identidad política”, afirmó.
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