El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, destacó que 120 países han solicitado que la Corte Penal Internacional deje de politizar sus acciones “porque perjudican” a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Reiteró que faltaba información por parte de las autoridades para que Venezuela pudiera responder oportunamente a las acusaciones.
Él ministro El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció su rechazo a la eventual decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar la investigación contra Venezuela por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad. La afirmación se hizo luego de la segunda audiencia en la Cámara de Apelaciones, para evaluar la reanudación del proceso.
En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), reiteró que la Fiscalía no ha brindado información al país sobre la investigación, lo que impide que Venezuela responda a tiempo a las acusaciones.
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El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que 120 países han pedido a la Corte Penal Internacional que deje de explotar políticamente sus acciones “porque perjudican” a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
finalizó este miércoles 8 casi a las 5:00 pm (10:32 hora de Venezuela), luego de dos días de sesiones donde la delegación de Nicolás Maduro negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, acusando al fiscal de la CPI de usurpación. funciones y relatos cuestionados de víctimas.
La Sala de Apelaciones prometió evaluar las opiniones de las víctimas y “preparar nuestras conclusiones lo antes posible”.
En las conclusiones de Venezuela, dos de los abogados (Bob Emmerson y Aitor Martínez) señalaron que hubo inocencia y laxitud al redactar el Estatuto de Roma, que permitió la utilización política por parte de un grupo de Estados en 2018 para interponer la denuncia contra el país.
Según Martínez, no existe un estándar mínimo suficiente para que la Corte lleve a cabo la investigación propuesta. “Negamos que hubo una política de Estado y, por supuesto, los delitos que se denunciaron y determinamos si pasaron ese límite”.
Enfatizó que el foco de la CPI debería ser determinar la presencia o ausencia de una política estatal. Sobre este punto, Emmerson dijo que la propia Fiscalía “no sabe a dónde ir” con acusaciones de alto rango y no sabe si, según la jurisdicción venezolana, cargos como los de tenientes coroneles o sargentos entran en esa descripción.
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