La Corte pierde atribuciones ante la Asamblea Nacional de Nicaragua.

La reforma constitucional en Nicaragua ha provocado cambios en la supervisión de los Registros Públicos de la Propiedad Inmobiliaria y Comercial, así como en las oficinas de servicios comunes. Anteriormente, esta función estaba a cargo del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, pero ahora pasará a ser responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Además de esta reforma, la Fiscalía General también ha sido favorecida por el régimen de Ortega, ya que ha sido fundamental en la cancelación de más de 3,400 organizaciones sin fines de lucro, confiscando todos sus bienes. Esta reforma constitucional se produce en medio de la intervención policial en la Corte Suprema de Justicia, que ha llevado a la detención de numerosos empleados judiciales, incluyendo a la presidenta Alba Luz Ramos. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que esta reforma deroga una de las facultades del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y la traslada a la Procuraduría General de la República. La reforma fue aprobada con 81 votos a favor, mientras que los 10 diputados del PLC se abstuvieron en la votación.