El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía que determine si su hijo y su hermano ofrecieron beneficios a narcotraficantes en el marco de las políticas de paz a cambio de dinero.
“Ante la información que se rumorea en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, solicito a la Fiscalía General de la Nación que realice todas las investigaciones necesarias y determine las posibles responsabilidades”, dijo el izquierdista. presidente, es una declaración.
El propio Gobierno ha denunciado la existencia de un cártel que soborna a presos en prisión para ofrecerles falsas mediaciones en procesos de paz, beneficios judiciales o promesas para evitar su extradición. “Mi gobierno no brinda beneficios a los delincuentes a cambio de sobornos”, dijo Petro en el comunicado.
“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respeto las conclusiones a las que llegue la justicia”, agregó Petro en el texto.
Su hermano ya compareció ante la Fiscalía por estas denuncias a principios de febrero, en una declaración reservada de 40 minutos. Ese día, el abogado de Juan Fernando Petro aseguró que su defendido es “víctima” de una red de abogados que utiliza su nombre para adelantar las supuestas gestiones ante el gobierno.
A principios de 2022, en plena campaña presidencial, Juan Fernando acudió a un penal de Bogotá para encontrarse con varios reclusos. Trascendió que en esa reunión ofreció beneficios para los condenados por corrupción y narcotráfico en un posible gobierno de su hermano.
El entonces candidato, Gustavo Petro, desmintió esta versión y aseguró que su hermano no hizo parte de la campaña. Por su parte, Nicolás Petro es diputado por el movimiento político de su padre en el departamento del Atlántico (norte).
Según la revista Semana, el cártel de abogados multará a narcotraficantes con hasta un millón de dólares a cambio de ser incluidos en listas de “gestores de paz” que no pueden ser extraditados.
El gobierno anunció un proyecto de ley que establece penas máximas de ocho años y la posibilidad de quedarse con hasta el 10% de su fortuna para los narcotraficantes que emprendan acciones legales.
Agencias
