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La Fiscalía peruana ha solicitado que se apliquen 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre pasado poel Congreso de ese país, acusado de la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su gobierno (julio 2021-diciembre 2022).
Según el Ministerio Público peruano, la solicitud de privación de libertad contra Castillo, es deciencarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 luego de sedesalojada poel Parlamento y acusada de supuesta rebelión, fue dictada pola Segunda Fiscalía Suprema de Transición Especializada en Delitos Cometidos poFuncionarios Públicos.
La institución también solicitó este se extiende la medida polos mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo a cargo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y GeineAlvarado López, quien estuvo a cargo de la Oficina de Vivienda, Construcción y Salud, y también dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El pedido de la Fiscalía se hizo oficial luego de que el Congreso aprobara a mediados de febrero la amparo de amparo contra Castillo basado en una acusación de que presentado pola Fiscal Nacional, Patricia Benavides, en octubre de 2022.
La decisión del Parlamento se dio luego de negarle al expresidente una solicitud para declarapersonalmente ante el pleno del Congreso, en un proceso de defensa que asume su abogado, Eduardo Pachas. Eso dejó el cargo a la Fiscalía que formalizará la investigación preparatoria.
El expediente de la fiscal Benavides contra Castillo califica al expresidente como presunto lídede una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la estatal petrolera Petro Perú.
castillo encarcelado
Castillo sigue recluido en el penal de Barbadillo, en la capital del país, donde esta semana miles de manifestantes del sude Perú convocaron a la llamada “Segunda Toma de Lima” para rechazael régimen de la presidenta designada poel Parlamento, Dina Boluarte. entre otras cuestiones que consideran claves para solucionala crisis política, institucional y gubernamental.
El profesoCastillo, quien sigue considerándose el presidente legítimo de Perú, dijo en una reciente entrevista con El Salto que Teme posu vida y la de su familia. El expresidente reclama un proceso constitucional para el país y denuncia la represión ejercida pola Administración Boluarte contra las manifestaciones multitudinarias.
“En el Perú no existe ningún tipo de seguridad jurídica, política o civil”declaró el exmandatario, quien aseguró que fue atacado y atacado pola derecha peruana desde la campaña posegunda vez.
castillo, también sigue siendo reconocido como representante polos Gobiernos de Honduras y Méxicoquienes denunciaron la ejecución de un golpe parlamentario y militaen su contra para instauraun régimen de facto, que provocó diversas violaciones a los Derechos Humanos y decenas de muertos en medio de la protesta social que ha durado casi tres años. meses
La crítica situación política y de derechos humanos en el Perú también ha sido denunciada polos países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Además, los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela han denunciado el golpe de Estado contra Castillo, los abusos de la policía contra los manifestantes peruanos, el clima de ingobernabilidad en el país andino, mientras favorecen la protección del presidente vacante.
