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La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó la prisión domiciliaria para el expresidente del país sudamericano Lenín Moreno (2017-2021), en el marco del caso “Sinohydro”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, por el presunto delito de «corrupción», que tuvo lugar en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, Salazar solicitó prisión preventiva para Moreno y otras 36 investigadas por este caso, conocidas en los medios como ‘Ina Pepers’; Sin embargo, respecto del expresidente y otros 13 imputados, se solicitó arresto domiciliario para ser mayores de 65 años, medida contemplada en la Constitución ecuatoriana.
El pedido de prisión preventiva y arresto domiciliario del fiscal busca garantizar la presencia de las 37 personas investigadas en las siguientes fases del proceso penal.
Actualmente, Moreno se desempeña como comisionado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, cuyas funciones desempeña en Asunción, Paraguay.
El fiscal también le preguntó al juez Adrián Rojas, de la CNJ, mantener e inmovilizar las cuentas de todos los acusadosincluidos los de los residentes en el extranjero.
El caso
En este caso se investiga una supuesta estructura de corrupción en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en Ecuador, desarrollado por la empresa china Sinohydro, de ahí el nombre que la Fiscalía le dio al caso.
La supuesta trama habría operado entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupó los cargos de vicepresidente de Ecuador (2007-2013), mandato especial del secretario general de discapacidad y accesibilidad de la ONU (2013-2016) y presidente de su país.
Durante su mandato como vicepresidente, Moreno facilitó la concesión a Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
76 millones en sobornos
Según la Fiscalía, los implicados habrían recibido casi 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes a al 4% del valor total del contrato; de los cuales, más de 600.000 dólares fueron a parar a manos de Moreno y su círculo familiar cercano.
Salazar explicó en la audiencia del viernes que Moreno y su esposa, Rocío González, recibieron $220,000; mientras que su hija Irina 50.000.
Asimismo, Edwin Moreno, hermano del expresidente, habría recibido $350.000; su otro hermano Guillermo 10.000; sus cuñadas Jacqueline V. y Martha G., 25.000; y su madre Aída Graciela 5.000.
“Para cometer el delito habrán utilizado tanto el sistema financiero nacional como el de otros países para, presuntamente, recibir y distribuir el dinero a todos los imputados”, dijo Salazar en la audiencia.
En ese sentido, el caso involucra a una empresa «offshore» llamada INA Investment Corporation, con la cual se adquirieron varios activos y se desarrolló la trama de corrupción. El nombre de la empresa estaba asociado a los nombres de las hijas de Moreno: Irina, Cristina y Carina. Por esta razón, el caso se denominó «Papeles de Ina».
Pero también está involucrada otra empresa «offshore», llamada Recorsa, cuyo representante legal sería Conto Patiño, quien figura como cabildero y contratista de Sinohydro en Ecuador.
A través de Recorsa, Patiño supuestamente recibió millones de dólares de la firma china, y desde esa empresa offshore supuestamente transfirió dinero a más de 10 empresas ficticias en Panamá, incluida INA Investment Corp.
