La empresa minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) ha desmentido las acusaciones de soborno en la República Democrática del Congo (RDC) que se han difundido en Panamá, generando dos semanas de protestas callejeras. Estas protestas son en contra de la renovación de una concesión para la minería del cobre, lo que ha provocado una crisis en el país centroamericano.
La empresa emitió un comunicado en el que indicó que las acusaciones en las redes sociales son falsas y contrarias a su historial documentado, además de señalar que la empresa ha permanecido en contra de cualquier forma de corrupción. La empresa también mencionó que el gobierno de la RDC intentó renegociar el contrato y cerrar sus operaciones antes de asumir el control, pero que la empresa fue reivindicada y recibió un acuerdo de arbitraje por 1.250 millones de dólares en relación con el caso.
Por otro lado, otras personas ajenas a la empresa han sido acusadas de corrupción en relación con el caso, admitiendo su culpabilidad en investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos y Reino Unido. La empresa colaboró en estas investigaciones como parte perjudicada. La extensión de la concesión a Minera Panamá ha generado la mayor protesta en décadas en el país, donde se han denunciado efectos perjudiciales desde el punto de vista ecológico y económico.
Cargos de corrupción en Panamá
Los manifestantes en Panamá han hablado del supuesto pago de sobornos para la aprobación de la ley de contratos sin presentar pruebas. El contrato legal entre el Estado y Minera Panamá establece en la cláusula anticorrupción que la minera no recibirá indemnización por daños y perjuicios si se prueban actos de corrupción como sobornos o comisiones ilegales.
Las protestas comenzaron el 23 de octubre, poco después de que se aprobara el contrato ley en un proceso exprés. La mina Cobre Panamá representa una gran inversión y emplea a más de 40.000 personas, aportando al producto interno bruto (PIB) panameño. Sin embargo, las acciones de FQM cayeron bruscamente tras el inicio de la crisis.
El gobierno defiende que el nuevo contrato multiplicará por 10 la aportación económica al fisco y se garantizará el seguimiento ambiental. Pero los sindicatos civiles exigen la derogación inmediata de la ley contractual, afectando a más de 800.000 estudiantes del sector público y provocando escasez de alimentos y combustible en los centros urbanos y el oeste del país.
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