Los estudiantes y sus representantes denuncian que en el proceso de expulsión colectiva en la UNES se ha violado el debido proceso, el derecho a la educación, la defensa y la presunción de inocencia. Evalúan tomar acción colectiva
Luisa Quintero | Luna Perdomo
Un grupo de 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), corazón de Caracas, fueron expulsados por las autoridades por su participación en las protestas en la institución el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
Estudiantes de TSU en Criminología e Investigación Criminal fueron citados este miércoles 11 a un “consejo disciplinario”, donde fueron obligados a firmar el “retiro” de la institución por presunta violación de las normas de convivencia relacionadas con la “moral y las buenas costumbres”. dentro o fuera de la universidad.
El hijo de Jon* es uno de los expulsados. Como abogado presentó una denuncia en un tribunal de casación civil, pero el juez le dijo que debían agotarse la vía administrativa y los recursos de revisión y reconsideración en su caso.
“Si van a individualizar el comportamiento de cada uno de los estudiantes en esos eventos, entonces díganme qué comportamiento ilegal recae en cada uno de ellos. Mi hijo y los cinco involucrados más aparecen en una foto en la fila del centro de votación. Yo dije que esto es una orden de arriba. La orden que tiene es darle el alta a los 71 para asustar a la genteno hay otra palabra, para asustar al resto de estudiantes”, dice Jon.
Luego del 8 de agosto, cuando lo llamaron a entrevista, el 21 fue notificado que se encontraba abierto un proceso administrativo. Jon explica que “hicieron todo al revés. Cuando avisaron que hay un procedimiento, ellos (la UNES) se guían por las normas internas que dan 48 horas para presentar cualquier recurso, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en el artículo 48 que son 10 días.
Comenta que intentó hablar con el coronel Jaime Alcántara, quien forma parte de la directiva de la UNES, quien le dijo “que no tuvo el tino de recibir nada de mí”. Todo esto lo he llevado a los tribunales, pero me dicen que agote todos los trámites administrativos, pero ¿cómo vamos a agotar estos recursos si no nos recibe?
Entre los expulsados se encuentran jóvenes que ya habían completado su carga académica y pagaron la tasa de 90 dólares por su diploma. Este es el caso de Juan*, de 21 años, quien esperaba incorporarse en octubre al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Juan se queja de que se han vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirle defenderse de las acusaciones del ayuntamiento. Explica que primero lo llamaron a una entrevista, donde lo acusaron directamente de ser uno de los estudiantes que registraron la protesta el 28 de julio tras las agresiones a un compañero. Días después, le informaron que tenía un proceso administrativo abierto ante la institución y debía presentarse.
Los estudiantes fueron convocados del calendario. John fue uno de los primeros en entrar, pero a las 6:00 pm el grupo que ingresó cinco horas antes no había salido de la institución.
“General José Rigoberto Betancourt Moya, secretario general de la UNES. Es culpable y responsable de todo lo que está pasando, porque estaba votando asistido y agredió a un colega. Ahí está la confusión”, dice Martha*, madre de uno de los expulsados.
Su hijo tenía previsto terminar su curso académico en diciembre, pero fue llamado a declarar. Fue uno de los detenidos el día de las elecciones y trasladados a la sede de la PNB en Maripérez. Luego de dos días, fue trasladado a una sede del Cicpc en Santa Paula. Estuvo allí hasta el viernes 2 de agosto.
Salió de prisión y estaba siendo investigado, junto con otros cinco compañeros, por presunta “incitación al odio”. No le devolvieron ni su teléfono móvil ni otras cosas.
“Estas víctimas ya han sido resueltas desde hace días. Dicen que respetan el protocolo pero ellos mismos lo violan porque tendrán doble sanción. Ya estuvieron una semana presos por un delito”, dice María.
A los estudiantes de la UNES se les niega el derecho a la defensa privada, como ocurrió con los miles de detenidos tras las protestas postelectorales. Un estudiante denuncia que se vulneran sus “derechos a la educación, al debido proceso y a la defensa”.
Contar con DiQue haces que este 11 de septiembre fue citada al consejo disciplinario y dice que “ni siquiera la dejaron hablar, nos negaron la entrega del título y nos dieron el despido inmediato”. Este aspirante a oficial de la Policía Nacional Bolivariana dijo que le recomendaron “seguir apelando”, pero recuerda que ya terminaron sus estudios.
Este estudiante considera que las elecciones, en este caso las presidenciales del 28 de julio, son parte de un acto cívico que no está vinculado a la universidad y sostiene que en el consejo disciplinario dicen sobre las leyes “que nosotros como estudiantes de la UNES” no Ni siquiera lo sé”.
La madre de otro estudiante de la Universidad de la Seguridad considera que el máximo responsable de arrojar a estos 71 estudiantes es Betancourt Moya, pues afirma que el rector Fabio Zavarse llegó a la institución la tarde de este miércoles 11 de septiembre y dijo No estaba al tanto de la situación.
Los mismos estudiantes culpan a Betancourt Moya de obligarlos a firmar los retiros sin permitirles el acceso a la defensa. Los familiares están considerando las medidas a tomar, incluidas denuncias ante la Defensoría del Pueblo. “Es una gran injusticia la que se ha cometido contra estos 71 estudiantes”.
* Los nombres de estas personas han sido cambiados para proteger sus identidades.
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