Varias organizaciones y personalidades políticas y sociales de Argentina repudian la supuesta guerra jurídica del sistema judicial de ese país contra las autoridades venezolanas.
En comunicado público indican que se trata de un nuevo caso de uso del poder judicial con fines de persecución política directa contra las autoridades venezolanas.
“Creemos que la admisión en el sistema internacional de esta aberración jurídica puede significar el uso de Interpol por parte de un Estado que, sin un interés legítimo y sin la debida competencia, busca limitar la libertad de un líder político de otra nación soberana a través de su poder judicial. poder, como una forma de persecución y ataque, que conduciría a la destrucción del orden de convivencia pacífica y de respeto a la soberanía entre las naciones, ya tan cambiado en los tiempos actuales”, dijeron.
Destacan que se trata de una acción ilegal y una contradicción en la que caen los partidos de condena cuando intentan iniciar una investigación por una demanda falsa contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Esto resulta en una violación de las reglas establecidas para la admisión de la Jurisdicción Universal en los “Principios de Princeton”, como ya se intentó con el Grupo de Lima.
Dicen que esta “flagrante contradicción del Estado argentino” es “un tratamiento sesgado y descontextualizado que omite el despliegue sistemático de violencia por parte de la oposición golpista, con manifiesta parcialidad y citando selectivamente sólo los informes que forman parte del plan de derrocamiento”. “.
Esto “inscribe un nuevo capítulo de ‘lawfare’ que toma la dimensión de una operación de persecución internacional que se suma a las políticas intervencionistas, intervencionistas y desestabilizadoras lideradas por Estados Unidos”, añadió.
El documento está firmado por Ana María Careaga, directora del Instituto Espacio para la Memoria; Stella Calloni Atiliu Borone; Claudia Viviana Rocca, vicepresidenta de la American Bar Association, entre otros.
