Una reciente solicitud de arbitraje de la multinacional Kellogg contra Venezuela resurge un caso en el que, según expertos, el país tiene todo que perder, luego de cinco años de haber “expoliado” la planta de esta empresa en el país, donde el Estado produce. sin autorización, cereales con los nombres, logotipos e imágenes de las marcas originales.
El 9 de noviembre, la británica Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited, filial de la empresa estadounidense, solicitó el inicio del procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En 2018, Kellogg detuvo sus operaciones, afectada por la crisis que atravesaba el país, que cerró ese año con una inflación del 130.060%, decisión tras la cual el presidente Nicolás Maduro, en plena campaña presidencial, ordenó “entregar” la planta. a los trabajadores para que la producción continúe “sin problemas”.
Cinco años después, estos productos todavía se comercializan, con imágenes de los personajes tradicionales de la empresa, como el tigre Tony, el gallo Cornelius y el tucán Sam, en las cajas, con referencias del gobierno, como y la frase “Juntos todo”. es posible”, de la campaña presidencial de Maduro de 2018.
Los paquetes tienen los nombres de esta planta como usuario en redes sociales, donde se comparte información gubernamental, un logo que dice “Kellogg, made in socialism” y contenido sobre la campaña del referéndum del 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por el territorio. de Esequibo. .
La petición anunciada
El abogado Castor González afirmó que “en cualquier momento” tenía que haber una “denuncia formal” de Kellogg sobre la continuidad de operaciones con el “uso no autorizado” de sus símbolos.
“Estamos en presencia de una especie de noticia anunciada”, afirmó el abogado, especialista en propiedad intelectual.
Explicó que, detrás de cada marca, y especialmente “en la industria alimentaria”, hay “un esfuerzo importante de investigación, desarrollo y controles de calidad”, ya que “son, ni más ni menos, productos que tienen que ser ingeridos”. de un ser humano”, algo “sumamente delicado”.
“En Venezuela, desde que el Ejecutivo tomó el control de esa operación, Kellogg no tiene ningún tipo de supervisión sobre la misma (…) y no tiene forma de responder al consumidor por aquellas marcas en las que tanto ha invertido”, él dijo. .
Tras el cese de operaciones, Kellogg advirtió que la planta en el estado Aragua fue “tomada por el Gobierno”, por lo que “no se hace responsable” del “uso que se haga de sus instalaciones y equipos, por la seguridad de los operadores”. o “. de la calidad de los productos”.
En 2019, dijo que emprendería “acciones legales pertinentes” por la apropiación de sus activos y el abuso de la marca.
Lo cierto es que González no ve “qué justificación” puede presentar el Estado a lo que ha sido “el uso de estas marcas o de estos elementos protegidos por propiedad intelectual”.
“No he observado que exista alguna razón o justificación para que el Gobierno venezolano deba utilizar las marcas de esta empresa (…) Han pasado muchos años, estoy perfectamente capacitado para seguir adelante con una marca diferente (…) “No hemos observado un buen pronóstico para el país”, aseguró.
Por otra parte, la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico de Cedice Libertad e investigadora del Observatorio de la Propiedad, dijo que la toma de las estructuras fue, en realidad, un “despojo”, un “despojo violento de la propiedad”. y “no una expropiación”.
Explicó que, en las expropiaciones, “hay una transferencia de propiedad” mediante un procedimiento, con “intervención judicial y, además, un precio justo”.
Aseguró que el caso de Kellogg “no es aislado”, ya que “ha habido” otros, como el de la estadounidense Kimberly Clark, como parte de una “política sistemática de destrucción de bienes” aplicada “desde 2005”.
Pocas posibilidades de posponer
Ante el Ciadi, Kellogg invocó un acuerdo firmado en 1995 entre Venezuela e Inglaterra para la “promoción y protección de inversiones”, según el cual las disputas pueden ser sometidas “a arbitraje internacional”, en caso de que “no se resuelvan amistosamente”. “
Sin embargo, Rondón duda que el pedido de Kellogg avance en el CIRDI, cuyo acuerdo fue denunciado por Venezuela en 2012, lo que -aseguró- provocó que el caso de Kimberly Clark fuera “devuelto” años después en esta institución de resolución de disputas.
Ésta, continuó, es “una de las razones por las que las reclamaciones ante el Ciadi han disminuido en los últimos años”, porque tienen “pocas posibilidades de éxito”, aunque Kellogg “tendría otros casos para seguir adelante”, donde “tiene mayores”. posibilidades. “Para que el caso avance”, agregó Rondón.
Agencias
