El próximo 13 de octubre se cumplirá un año del vencimiento de la pena impuesta al estudiante Wilder Vásquez, quien fue sentenciado a poco más de cinco años de prisión por el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Desde hace ocho meses, el teniente coronel Pedro Garrido Guillén también espera su billete de libertad tras ser procesado por asociación delictuosa.
Desde hace casi un año, dos presos políticos, un civil y un soldado, esperan una multa tras cumplir sus condenas. En este caso, corresponde a los tribunales de ejecución validar el cómputo de los años y emitir el documento que permita su salida de prisión.
El estudiante Wilder Anderson Vásquez Velásquez es quien acumula mayor tiempo de espera: el próximo 13 de octubre se cumplirá un año del fin de la sentencia impuesta por la jueza Hennit Carolina López.
El estudiante de comercio internacional fue condenado a cinco años de prisión por el delito de “encubrimiento del delito de terrorismo”, luego de estar involucrado en el “caso drone”, ya que el acusado intentó asesinar a Nicolás Maduro el 4 de diciembre de 2018 durante el evento militar.
Vásquez fue detenido el 11 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Luego, el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó al joven bajo el alias “Capo” y lo acusó de mantener bajo protección a Henryberth Rivas, uno de los presuntos operadores del intento de magnicidio.
En el caso de Vásquez, correspondió al Juzgado 8° de Ejecución emitir la boleta de libertad, pero el asunto fue ignorado. Su abogado no tuvo acceso al expediente, no se recibieron copias de documentos y no se le permitió conocer la votación que había sido enviada al presidente del circuito. También hubo presiones con un recurso de amparo que fue declarado improcedente.
El joven formó parte del grupo trasladado el pasado 4 de abril al penal de máxima seguridad de El Rodeo I de El Helicoide, donde permaneció recluido durante toda su condena. Todavía está esperando que un tribunal de ejecución emita la multa o ejecute la orden de libertad, si la hubiera emitido.
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Por su parte, el teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén espera desde el pasado 11 de enero que el Juzgado de Ejecución XVII ordene su libertad.
Garrido fue acusado de la “operación Europa 2020”, como se denominó una supuesta conspiración para revelar secretos militares y sitios estratégicos. Fue detenido el 8 de enero de 2020, en el estado Táchira, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque el acta así lo estableció el 11 de enero.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señalaron que fue víctima, junto con el capitán Eduardo Henríquez, de severas torturas como golpes, descargas eléctricas, ahorcamientos, asfixia con bolsas de plástico e incluso simulacros de ejecución. Ninguna de estas quejas ha sido atendida.
Por estos hechos, el Juzgado Décimocuarto del Área Metropolitana de Caracas lo condenó a cuatro años de prisión por “incitación a la rebelión y la desobediencia”. Actualmente se encuentra detenido en el Centro Nacional de Persecuciones Militares (Cepromil) Los Teques, mejor conocido como el penal de Ramo Verde.
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