De las 49 personas detenidas tras las elecciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, 21 son periodistas, camarógrafos o fotógrafos. Espacio Público informó que 11 permanecen actualmente detenidos y con proceso penal abierto bajo los cargos de presunto terrorismo, instigación al odio u obstrucción de la vía pública.
La organización Espacio Público dijo que tras las elecciones del 28 de julio, que desencadenaron un ciclo de protestas contra la decisión anunciada por el CNE, se registraron 49 detenciones arbitrarias en represalia por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
en el informe “Represión y censura postelectoral en Venezuela”Publicado este miércoles y cubriendo los hechos del 28 de julio al 31 de octubre, Espacio Público afirmó que se ha agravado un clima de miedo y autocensura en la sociedad, entre ellos los trabajadores de la prensa, para evitar detenciones arbitrarias, procesamientos o acosos.
“A diferencia de años anteriores, las restricciones no terminaron el día de las elecciones; por el contrario, se estableció un nuevo ciclo represivo que continúa hasta el día de hoy y ha tenido graves consecuencias”, destacó la ONG en su informe. Sólo el 28 de julio recibieron 34 denuncias por violaciones a la libertad de expresión y prensa, la mayoría asociadas a impedimentos a la cobertura del proceso electoral.
“El contexto es mucho más hostil, mucho más violento que en otras elecciones anteriores y afecta a la sociedad civil, a los activistas sociales y a los políticos”, insistió Marisabel Rodríguez, coordinadora de programas del Observatorio Social del Espacio Público.
De las 49 personas detenidas tras las elecciones, 21 son periodistas, camarógrafos o fotógrafos. 11 permanecen actualmente detenidos y con proceso penal abierto bajo cargos de presunto terrorismo, incitación al odio u obstrucción de la vía pública.
Este es el caso de Yousner Alvarado, camarógrafo detenido el 29 de julio por la Guardia Nacional mientras cubría la ciudad de Barinas; la fotoperiodista Deysi Peña, detenida el 3 de agosto por agentes de la Policía de Miranda; o la periodista Ana Carolina Guaita, detenida el 20 de agosto por efectivos del Sebin en La Guaira.
También están detenidos Paúl León (Camarógrafo TV VPI), Eleangel Navas (Community manager de El Oriental), el locutor José Gregorio Camero, el fotoperiodista Fernando Chuecos, el editor Gilberto Reina, los periodistas Leocenis García, Víctor Ugas y Roland Carreno.
Rodríguez señaló que estas personas están sometidas a diferentes modelos que limitan el derecho a una defensa digna, como el aislamiento, la prohibición de visitas periódicas, la imposición de la defensa pública o la denegación de acceso a expedientes.
Luego del 28 de julio, Espacio Público también registró un modelo de ataques por parte de autoridades regionales y locales, a través del seguimiento de publicaciones y contenidos de medios y redes sociales, a través de las salas de situación; amenazas preventivas, con el objetivo de impedir la divulgación de determinados contenidos; sobre la difusión sistemática y coordinada de información falsa por parte de funcionarios para socavar la confianza en los medios de comunicación.
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Además, se reportaron amenazas específicas contra la integridad física de periodistas y trabajadores de prensa. El experto destacó que estas dinámicas y modelos, si bien se han visto antes, se han intensificado en el tiempo y en la frecuencia.
Los propios medios y periodistas, para intentar contener los riesgos, han tomado una serie de medidas, como la prueba de las ONG, como la publicación de obras sin firma personal, la limitación de la cobertura política, el recorte o suspensión de programación, y desplazamiento forzado. y suspensión parcial o indefinida del cargo.
“El trabajo se sigue haciendo ante estas limitaciones o restricciones y hay un deseo importante de seguir trabajando tomando mayores medidas de seguridad y protección para periodistas y fuentes. Se entiende que en un contexto más limitado y restrictivo de la libertad de expresión e información en Venezuela, estos espacios van a contar y registrar estas limitaciones y seguir informando sobre estas dinámicas”, anotó.
Para abordar esta dinámica, Espacio Público recomendó la creación o fortalecimiento de protocolos de seguridad en los medios de comunicación y dotar de recursos para su efectiva implementación, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y denuncia; documento bajo confidencialidad y anonimato, ya que en algunos casos es necesario preservar el registro del caso; Sensibilizar sobre la importancia del derecho a la recuperación democrática directa, sumando defensores activos (fuentes, oyentes) en la defensa de la información.
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