El abogado dijo en La Conversa que, a diferencia de la represión en las protestas de años anteriores, a los detenidos no se les permite nombrar una defensa privada. Aseguró que a los abogados públicos se les impide informar bajo amenaza de perder sus cargos e incluso su libertad. Criticó el trato que se les dio a los adolescentes y criticó la pasividad de la Defensoría del Pueblo
Para el abogado defensor de presos políticos Joel García, el ataque del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio fue el más sangriento en los últimos 25 años
A juicio de García, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicional”.
El abogado hizo la declaración este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la La alianza rebelde investiga (ARI) compuesta por Runrun.es, El Pitazo y DiQue haces, que tenía derecho El drama de los presos políticos en Venezuela.
En el programa, que fue conducido por Víctor Amaya, director de DiOMS, y Luis Blanco, director de Runrun.es, García aseguró que en Venezuela Se puede ir a prisión por el simple hecho de expresar una opinión en público o en las redes sociales, habiendo sido testigo o miembro del siglo electoral. El 28J, sé político, activista, periodista o publica un estado de WhatsApp.
“No sabemos si esta conversación que estamos teniendo ahora puede considerarse un acto de terrorismo”.
Según García, este ataque postelectoral del régimen chavista no ha terminado y continúa con la construcción o remodelación de cárceles, acusaciones de crímenes de odio y terrorismo, y un aumento en el número de presos políticos.
Para el abogado, hay una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes posteriores al 28J.
“Más allá de la cantidad, vemos que desde enero de este año a ninguno de los detenidos se le ha permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de Rocío San Miguel, quien está presa desde febrero y sigue sin derecho a un abogado privado”.
García se quejó de que abogados como él ni siquiera tienen acceso a los tribunales.
“Los jueces de control son los primeros en violar derechos, las audiencias son masivas, las conductas no son individualizadas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncias por violaciones a los derechos humanos y eso se debe a que los defensores públicos tienen prohibido presentar denuncias.”
El abogado dictaminó que todo funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes.
“Esta omisión se considera un delito. El problema es que los defensores tienen prohibido denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin mérito y correr el riesgo de perder sus cargos e incluso su libertad”.
García citó el caso de Maglén Marín Rodríguezquien se desempeñaba como fiscal provisional del estado Anzoátegui y fue despedido e imputado por presuntamente cometer el delito de “omisión intencional” en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.
Adolescentes impotentes
El abogado señaló que el proceso de los adolescentes tiene un carácter educativo.
“En teoría, los representantes deberían haber estado presentes, pero nadie pudo participar. Los adolescentes no pueden cumplir una condena de más de 10 años y su pena debería reducirse si admiten su responsabilidad”.
Advirtió que a los adolescentes se les daban audiencias masivas.
“Muchos llevan más de 45 días acusados y no han sido acusados electrónicamente sin especificar un comportamiento individual, como si fueran una masa colectiva. La mayoría no ha recibido visitas de sus familiares, no pueden no proporcionarles comida, no están al tanto de su salud, lo poco que saben es que están bien”.
García sentenció que al admitir culpabilidad al acusado se debería reducir la pena en un tercio o en la mitad, pero en delitos como el terrorismo corresponde un tercio.
El abogado señaló que ante estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo destaca por su ausencia.
“Conozco a muchos familiares que vinieron y no recibieron respuesta alguna, la Defensoría del Pueblo existe sólo en la Constitución, es una sede, pero no sabemos nada más, está totalmente gris”.
García indicó que lo estipulado en el nuevo informe de la misión de investigación de la ONU en Venezuela es suficiente para que la Defensoría del Pueblo abra una investigación de oficio.
“En Venezuela se necesita más educación en lugar de construir más cárceles, las cárceles se construyen para un sector específico de la población, un sector que siente que sus derechos políticos han sido vulnerados a causa del sufragio”.
El abogado dijo que, desde 2014, las fuerzas de seguridad del Estado han realizado más de 17 mil detenciones por motivos políticos, de las cuales a 9 mil personas se les han aplicado medidas cautelares.
“El patrón ha sido el mismo: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden judicial, torturas, detenciones en régimen de incomunicación y ausencia de defensa”.
García denunció que la “Operación Tun Tun” se practica desde hace mucho tiempo.
“La autonomía judicial no existe, hay una cadena de mando y esto es grave porque todos los venezolanos estamos indefensos”.
El abogado indicó que aunque no haya suspensión de garantías, en Venezuela no existe el Estado de derecho.
“Es una sociedad bárbara, nadie está a salvo. La persecución por motivos políticos está establecida como un crimen contra la humanidad. Hablar de justicia en este país es forzar el concepto, porque no la tenemos”.
*Lea también: La Conversación | “No hay suspensión de garantías de facto, hay suspensión de la Constitución”
: 506