Uno de los familiares dijo que la orden de suspender las visitas a los adolescentes detenidos vino del ministro Julio García Zerpa. Los representantes consideran que tomaron esta decisión luego de denunciar las torturas y tratos crueles a los que fueron sometidos al momento de su arresto y los primeros días de su detención.
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Las madres y familiares de los adolescentes detenidos por las protestas postelectorales en el Centro de Justicia 431, ubicado en El Cementerio, al oeste de Caracas, informaron que el martes 17 de septiembre no les permitieron visitarlos.
En el centro de detención se permiten visitas los martes y viernes. Los familiares deben llegar antes de las 9:00 de la mañana para que se les asignen “pases” y luego, deben pasar por el proceso de selección para poder ver a sus hijos.
“Llegamos antes de las 9 de la mañana, como siempre, para que nos dieran los pases y nos dijeron ‘inmediatamente’, ‘inmediatamente’, llegó a las 2 de la tarde y no lo hicieron. “Nos dejan entrar, no podemos ver a los chicos”, dijo Carolina Beñosi, tía de uno de los detenidos.
Beñosi aseguró que “estaban mareados” y que luego de varias horas de espera les dijeron que no pasarían porque era una orden del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
“La directora del centro nos dijo que no nos dejaba pasar. Nos quedamos con comida afuera y no nos dejaban entrar”, relató.
Añadió que tratan a los niños como delincuentes cuando son inocentes y no han hecho nada malo.
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Los representantes consideran que tomaron esta decisión luego de denunciar las torturas y tratos crueles a los que fueron sometidos al momento de su arresto y los primeros días de su detención. Según el relato de una de las madres, algunos de los adolescentes sufrieron descargas eléctricas, fueron asfixiados con capuchas que contenían restos de bombas lacrimógenas y fueron intimidados para grabar un video y vincularlos con acciones violentas.
A este grupo se le acusa de delitos como terrorismo, incitación al odio, tenencia ilegal de arma, hurto calificado u obstrucción de la vía pública.
La misión de investigación en Venezuela, que presentó su último informe sobre el país el martes 17 de septiembre, también señaló que un grupo de estos jóvenes acusados de presuntos delitos de terrorismo o incitación al odio fueron víctimas de torturas y violencia sexual.
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