El informe de la Misión de la ONU señala que la represión del gobierno de Maduro se concentra contra quienes disienten de su gestión, destacando los más de dos mil detenidos tras las elecciones del 28 de julio durante protestas pacíficas.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó el martes 17 de septiembre su informe actualizado sobre la situación en Venezuela en el que advierte que la administración de Nicolás Maduro ha intensificado sus acciones represivas contra todo lo que esté en contra de sus decisiones y acciones.
El informe de esta misión señala que estas violaciones y crímenes que han sido documentados, junto con la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad de persecución política, forman parte de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desalentar y reprimir a la oposición”.
Marta Valiñas, presidenta de dicha comisión, advirtió que lo visto recientemente en Venezuela forma parte de patrones ya evidentes en otras ocasiones y que son un grave atentado a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues denunció que se ha llegado a una nueva etapa. en el último período a evaluar (septiembre de 2023 a septiembre de 2024) en el deterioro del Estado de derecho, lo que demuestra que los poderes públicos en el país ya no parecen independientes.
En julio de 2024 se documentaron más de 120 detenciones durante los actos de campaña opositora bajo el argumento de conspiración, y también se emitieron órdenes de aprehensión contra otras personas; mientras que en la primera semana de protestas postelectorales, las mismas autoridades conocieron que hubo más de 2.000 detenciones, entre menores y personas con discapacidad, quienes fueron acusados de presunto terrorismo e incitación al odio.
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“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas de graves violaciones al debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procesos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, indica el texto.
“Este fenómeno es algo nuevo y sumamente preocupante”, afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Además, la Misión ratifica que el sistema de justicia, junto con el TSJ, “está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como herramienta clave en su plan de represión de toda forma de oposición política y social”, enfatizando que este práctica. la violación del debido proceso y el ejercicio arbitrario del poder ya había sido señalada en otras ocasiones y ahora es evidente.
Por su parte, la experta que forma parte de esta misión, Patricia Tappatá, dijo que la política represiva de Maduro estuvo dirigida a quienes critican su gestión o protestan contra los resultados electorales; centrándose en aquellos que son activos en partidos políticos o aquellos que son percibidos como opositores.
“La gravedad de la represión, el esfuerzo por demostrar los resultados a través de la prisión y el uso de malos tratos y torturas han instaurado un clima de miedo generalizado entre la población, reduciendo también el espacio cívico”, afirma Tappatá.
También reconoció que el Gobierno “responde con ironía” a las condenas y denuncias internacionales y que “no parece importarle mucho” que lo caractericen como una “dictadura”, pero que pese a todo ello “no hay nada que le guste”. No quiero cansarme ni dejar de decir lo que está pasando”.
“Esta situación no debe normalizarse ni debemos renunciar a exigir justicia o apoyar a quienes en el país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y los familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos”, dijo presidente de la Misión, Marta Valiñas, en declaraciones a EFE.
Con información adicional de EFE
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