El Observatorio Venezolano Antibloqueo (OVA) registró la medida coercitiva unilateral (MCU) número 931 impuesta contra Venezuela, agregando la incautación ilegal, por parte de Estados Unidos (EE.UU.), del avión que prestaba servicios de transporte a la República que se encontraba en el República Dominicana. .
La acción contra la “avión Dassault Falcon 900EX número T7-ESPRT, que se encontraba en territorio de República Dominicana”, fue registrada como MCU número 931 impuesta a la nación desde diciembre de 2014, según un detallado informe de la OVA publicado este viernes.
También indicó que la medida fue adoptada “en un contexto opaco, de juicios y de política del caso”, porque la administración estadounidense Biden-Harris “aún no ha identificado a las personas físicas o jurídicas estadounidenses sancionadas, ni en Estados Unidos ni en el extranjero”. .. La OFAC aún no ha publicado los nombres en su lista de entidades especialmente designadas, ni la aeronave aparece en esta lista, identificándola como un activo sancionado.
Judicialización del caso
El Observatorio Antibloqueo señaló que, en lugar de utilizar los procedimientos sancionadores derivados de la propia orden ejecutiva, “esta vez el gobierno estadounidense procesó el caso, que involucraba a funcionarios del Departamento de Justicia, que ordenaron la incautación y envío de la aeronave a su territorio.”
“Agencias internacionales y otros medios han presentado el caso ante la opinión pública como la captura del “avión de Nicolás Maduro” en una evidente operación de desinformación para desviar la atención del evento principal: la expropiación de un avión privado y la amenaza al sector de la aviación en el región”, dice el informe.
mensaje politico
La OVA, entidad que lleva un registro de cada MCU impuesto contra la nación bolivariana desde 2014, dijo que la incautación del avión busca “asustar al sector aeronáutico para que evite mantener relaciones comerciales con Venezuela, aunque no involucra directamente el presidente o sus funcionarios de gobierno.
Este efecto es lo que el informe de la ONU en el MCU, Alena Douhan, describió como exceso de cumplimiento o “cumplimiento excesivo de una sanción”. Al afectar operaciones y activos privados, el objetivo es generar miedo a través de la “exposición al riesgo” para bloquear indirectamente las operaciones comerciales normales con Venezuela.